La Coordinadora Sectorial de Protección y Seguridad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha instado formalmente a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a tomar medidas urgentes para solucionar la inseguridad en las conducciones de internos a los centros médicos. En este sentido, lamentan que "un escrito remitido hace siete meses sobre esta misma problemática no haya recibido respuesta alguna por parte de las autoridades autonómicas".
En la actualidad, los traslados desde los centros penitenciarios de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Tahíche obligan a los guardias civiles a custodiar a los internos en pasillos y salas de espera de los hospitales de referencia, generando situaciones de gran vulnerabilidad. "Esta preocupante dinámica es compartida en otras comandancias del territorio nacional, hecho que nos llevó recientemente a exigir medidas idénticas para el Hospital de Antequera en Málaga", señalan.
"La propia Jefatura de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife comparte nuestra preocupación, calificando las dependencias actuales como bastante mejorables desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad", apuntan. Así, alertan que las salidas a centros extrapenitenciarios incrementan notablemente el peligro de fuga, representando el 60% de las evasiones en 2024, según datos de Instituciones Penitenciarias.
Por otro lado, recuerdan que la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud autonómico, pendiente desde hace más de dos décadas, "mejoraría la atención de los internos y evitaría miles de traslados policiales innecesarios, una medida que cuenta con el firme respaldo del Mecanismo Nacional de Prevención".
Por todo ello, piden la creación de un espacio específico y seguro dentro de las instalaciones hospitalarias canarias para alojar a los internos en espera de ser atendidos, así como el cumplimiento riguroso de la Instrucción 5/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad, priorizando la consulta médica de los reclusos.
También reclaman el inicio inminente de las negociaciones por parte del Gobierno de Canarias para asumir las competencias de sanidad penitenciaria.
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