Greenpeace ha presentado este martes en rueda de prensa el informe 'Destrucción a toda costa 2007' en el que analiza la situación del litoral. El documento repasa las principales amenazas, destacando como principal la construcción, el aumento del número de campos de golf asociados a segundas residencias, las denuncias de corrupción urbanística, el incremento de nuevos amarres deportivos, los efectos del cambio climático y los problemas de contaminación debido a la escasa depuración de las aguas residuales y a los vertidos de buques en el mar.
Según Greenpeace los principales problemas del Archipiélago canario radican principalmente en que la superficie urbanizada ha aumentado más de un 54% en los últimos años, a pesar de que sólo el 40% de su extensión es urbanizable. La presión urbanizadora se reparte por casi todas sus islas, pero se ha dejado sentir especialmente en Fuerteventura, donde en los últimos 17 años la superficie edificada ha aumentado un 169%, seguida por Lanzarote, con un crecimiento del 60% y Tenerife con un 51%. Cinco localidades canarias han aumentado la superficie urbanizada por encima del 100%: Antigua (Fuerteventura) un 270%, Pájara (Fuerteventura) un 241%, Adeje (Tenerife) un 194%, San Miguel de Abona (Tenerife) un 172% y Tuineje (Fuerteventura) un 109%.
El informe también sostiene que el parque de viviendas se ha disparado en Canarias durante los últimos años, creciendo un 12.6%, cifra sólo superada por Andalucía. En los últimos cinco años se han construido 108.000 residencias y la planta hotelera ha experimentado un aumento del 57% en los últimos diez años. "Y nada indica que este ritmo vaya a parar", afirman desde Greenpeace.
CORRUPCIÓN
La asociación ecologista sostiene que "estas elevadas cifras de construcción van acompañadas de numerosos casos de corrupción urbanística (11 casos y 75 imputados hasta el momento) que colocan al archipiélago en los primeros puestos de la corrupción estatal". Además, recuerdan que la Operación Góndola en Mogán ha llevado a la Fiscalía a acusar al alcalde José Francisco González, elegido nuevamente en las últimas elecciones municipales, y a otros responsables del ayuntamiento de esta localidad de Gran Canaria de cinco delitos urbanísticos y monetarios. En la misma isla, la Operación Faycan contra la corrupción urbanística en Telde suponía la imputación del ex alcalde Francisco Valido y otras 29 personas. Las administraciones locales de Santa Brígida y San Bartolomé de Tirajana están también siendo investigadas por el cobro de comisiones a cambio de conceder trato de favor (cohecho).
Dentro de ese repaso por los escándalos que han sacudido Canarias en los últimos tiempos, Greenpeace también se detiene en Tenerife y el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, haciendo referencia a "la trama urbanística de Las Teresitas", entre otros, así como en Fuerteventura, donde "recuerdan que "el pasado mes de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulaba el Plan Parcial Casas de Majanicho, aprobado en 2002 por Domingo González Arroyo, que planteaba la construcción de 4.000 plazas hoteleras y residenciales en un tramo de costa virgen en el norte de la isla. La finca donde se asienta el plan fue comprada por la empresa Lonja Madrid, S.A. por 6.000 euros y vendida posteriormente por 240.000 a Nombredo, S.L. Tras la aprobación del Plan Parcial, su valor pasó a ser de 28 millones de euros. En la actualidad se han construido 748 viviendas de lujo vendidas en su mayoría en el Reino Unido".
Por su parte, Lanzarote tampoco escapa a este repaso y desde la asociación recuerdan que los alcaldes de Yaiza y Teguise y el ex alcalde de Haría, Juan Ramírez, "están siendo investigados por la Fiscalía por delitos continuados contra la ordenación del territorio".
PUERTOS DEPORTIVOS Y CAMPOS DE GOLF
Junto a la construcción, según Greenpeace, otra serie de amenazas están presentes en el litoral canario. Un total de 31 nuevos puertos deportivos o ampliaciones de los ya existentes añadirán 8.275 nuevos amarres a la costa. Destaca especialmente el caso de Tenerife, donde el Plan Territorial Especial de Ordenación de Puertos suma 19 instalaciones que supondrán un aumento del 500% del número de amarres, pasando de los 1.400 actuales a más de 7.000.
El último impacto analizado en el informe de Greenpeace es la contaminación de las costas canarias, destacando el dato que Canarias acoge 208 vertidos ilegales repartidos por sus islas: Tenerife (59), Gran Canaria (51), Fuerteventura (41), Lanzarote (32), La Palma (12), El Hierro (7) y La Gomera (6).
En definitiva, Greenpeace considera que la situación del litoral es cada vez peor y que es necesario poner en marcha medidas puntuales para limitar el crecimiento desmedido de la urbanización, las segundas residencias, los campos de golf y los puertos deportivos. De igual forma, creen que "deben ponerse en marcha medidas globales que garanticen una protección integral del litoral, entre las que destaca el establecimiento de una Red de Reservas Marinas que salvaguarde y revalorice la costa, la productividad de los mares, la vida marina y sus ecosistemas para los muchos millones de personas que dependen de este espacio".
