El ex alcalde de La Oliva y presidente del Partido Progresista Majorero (PPM), Domingo González Arroyo, ha declarado este martes como imputado por presunto delito contra la ordenación del territorio en relación a elaboración de un pliego de condiciones para la concesión de la licencia otorgada al parque de ocio Baku, en Corralejo.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado que el magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de Puerto del Rosario, Juan Gallego, tomó declaración a dos concejales de la corporación que gobernó el municipio entre 1999 y 2003. Se trata del propio González Arroyo, que era alcalde, y de Antonio Darias, ex concejal de Urbanismo, a los que se les imputan sendos delitos de corrupción urbanística por conceder supuestamente una licencia no apta conforme al planeamiento vigente.
El ex alcalde de La Oliva ha reconocido a ACN Press que ha acudido a declarar este martes en calidad de imputado después de que la Fiscalía detectara "irregularidades" en la elaboración de un pliego relacionado con el citado parque, tras la denuncia presentada por el Partido Alternativa Democrática por Fuerteventura (ADF).
Carmelo Calero, portavoz de la formación, aseguró a ACN Press que se trata de una denuncia relacionada con la calificación del terreno donde fue construido el citado parque, que, según indicó, estaba calificado como zona verde y, por tanto, no admitía complejos como el que finalmente fue edificado. Según informó el abogado de la acusación popular, Juan García, el Plan de Ordenación permitía únicamente instalaciones desmontables, "y en la actualidad hay construida hasta una clínica privada".
Por su parte, González Arroyo precisó, tras prestar declaración, que la corporación que presidía fue la encargada de elaborar el pliego investigado, pero no la responsable de dar el visto bueno definitivo al proyecto y "de cobrar la licencia", lo que habría hecho la alcaldesa del siguiente mandato en La Oliva, Claudina Morales. Asimismo, afirmó que "ella fue la que adjudicó la obra y que si se hicieron reformas o si se amplió fue un tema de la entonces alcaldesa, porque quien da la licencia es Claudina y no yo, y cuando se da la licencia es cuando hay que cobrar".
Arroyo, que se declaró no culpable, dijo creer que "todo se ha hecho más o menos dentro de la estricta legalidad por parte nuestra" y explicó que el consistorio llevó a cabo la adjudicación del pliego a la empresa 'Joca' siguiendo un informe del catedrático en Derecho Administrativo, Tomás Fernández, y otro de la Oficina Técnica Municipal: "Entendíamos que era lógico que nos lleváramos por él", reconoció Arroyo.
García explicó sin embargo que a González Arroyo se le acusa de iniciar el proyecto, ya que es durante su mandato, dijo, cuando se adjudican las obras a la empresa 'Joca' e indicó que durante su declaración, el ex alcalde se "excusó" en que estaba amparado por los informes elaborados por los técnicos jurídicos cuando adaptó el pliego. Sin embargo, García afirmó que "eso no es cierto, porque esos informes no existían antes del inicio del procedimiento".
El respresentante de ADF destacó más "irregularidades" en este caso, ya que una vez que se le permite edificar a 'Joca', "no se cobraron los impuestos municipales, que ascendían al millón de euros, a pesar de que la concesión del suelo estaba estipulada en 50 años". En este sentido, el portavoz de ADF afirmó que el parque de ocio de Corralejo, que sigue funcionando en la actualidad, "debe 30 millones de euros al Banco Popular y desde hace varios meses ha dejado de pagar los 3.000 euros mensuales por el uso del suelo" y aseguró además que "el Ayuntamiento no puede rescatar la concesión porque no tiene dinero suficiente".
Esta es la primera fase de las diligencias previas que se llevarán a cabo por el 'caso Baku', según explicó García, porque en los próximos días comparecerán en calidad de imputados todos los concejales del Ayuntamiento de La Oliva en el mandato de 1999 a 2003, ya que el pliego fue aprobado durante un pleno en el año 2002. Esto supone que ocho ediles del Partido Popular (PP), tres del Partido Socialista (PSC), dos de Coalición Canaria (CC) y tres técnicos tendrán que declarar ante el juez. El abogado añadió que la Fiscalía les imputa un delito de prevaricación administrativa, urbanística y de malversación de caudales públicos.
ACN
