González Arroyo sí contestó este miércoles a las preguntas de la magistrada instructora, Margarita Varona, en relación a la legalidad de la venta a La Caixa de parte de unos terrenos que fueron donados al Consistorio en 1981 para la construcción de viviendas en Corralejo.
El ex alcalde basó su inocencia en que desconocía que hubiese cometido ningún tipo de delito y se dejó guiar por los informes técnicos y jurídicos. Por su parte, Juan David García, abogado de la defensa, manifestó que la donación tenía una clara finalidad, la de saldar una deuda del consistorio, por esto fueron segregados y vendidos a una tercera entidad sin que se pudiera saldar el problema de las viviendas que padecían y aún padecen los vecinos de Corralejo.
La Asociación de Vecinos Las Clavellinas interpuso una querella contra el ex alcalde de La Oliva, contra Miguel Ángel Rodríguez, secretario municipal y Muñoz Roncero, registrador de la propiedad, por un presunto delito contra la hacienda, de malversación de caudales públicos, prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas. González Arroyo manifestó, según la defensa, que "tenía conocimiento de ello pero pensó que segregando una parte cumplía con la obligación de la escritura".
La asociación vecinal acusa también a todos los concejales que conformaban el grupo de gobierno de La Oliva en 1999, año en que el Ayuntamiento vendió parte de esos terrenos en una subasta pública a La Caixa por un precio inferior al que había estipulado.
Sin embargo, la defensa entiende que eso no es cierto porque existe un informe de la Secretaría de la Corporación, "que advierte de la cláusula cuarta de la escritura de donación", que indica que "existe la finalidad expresa de que esos terrenos se destinen a viviendas o a solares para los vecinos".
Juan David García , abogado de los querellantes explicó que el Ayuntamiento acordó la venta de parte de esos terrenos (dos hectáreas) en una subasta pública a La Caixa por un precio inferior al que había estipulado, 250 millones de las antiguas pesetas. Por estos motivos, la defensa de los vecinos de Corralejo considera que hay "indicios suficientes" de la comisión de un delito de fraude a la Hacienda Pública y malversación de caudales. Este fraude a la Hacienda Pública se fundamenta en que la Ley de Haciendas Locales prohíbe enajenar bienes públicos para pagar gastos corrientes y el Ayuntamiento.
Domingo González Arroyo abandonó la Audiencia Provincial de Las Palmas sin realizar ningún tipo de declaración a los medios de comunicación que lo esperaban y sólo les deseó suerte y les dió las gracias.
ACN Press
