La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, ha acudido este viernes a declarar como imputada en la causa penal abierta por la construcción de la bodega Stratvs. Junto a ella, estaban citados otros tres concejales que en 2008 formaban parte de la Junta de Gobierno del Consistorio, durante el pacto entre el PIL y CC, cuando se concedió la licencia de apertura a esta bodega.
Tras Acuña, sobre las 12 horas han llegado a los Juzgados los concejales Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García. García ha sido el segundo en declarar y ha abandonado los Juzgados sobre las 13:30 horas.
En cuanto al cuarto citado este viernes, Leonardo Rodríguez, finalmente no ha prestado declaración. Al parecer, el edil de CC presentó un recurso contra su imputación y se ha negado a declarar hasta que se resuelva.
La alcaldesa y los tres concejales están imputados por presuntos delitos de prevaricación urbanística. Según la investigación, concedieron la licencia de apertura de la bodega pese a que había informes negativos. Lo que sí había era un informe técnico favorable, elaborado por el técnico municipal Andrés Morales, que también ha sido imputado en la causa.
Declaración de los técnicos
Las declaraciones de este viernes se suman a las que habían tenido lugar el día anterior, cuando estaban citados varios técnicos. Además de Morales, en la causaestá imputado el hasta ahora aparejador de la Oficina Técnica de Yaiza, Pablo Carrasco, sobre el que ya pesan dos condenas (una de ellas firme) por otros procedimientos judiciales.
Este jueves también acudieron a los Juzgados varios técnicos del Cabildo de Lanzarote, que declararon en calidad de testigos. En base a los informes periciales, tanto la Fiscalía como la juez instructora consideran que la construcción de la bodega nunca debió autorizarse, ya que se ubica en suelo rústico protegido, y que además la obra ni siquiera se ajustó a lo que se establecía en la licencia.
Trece imputados
En total, la causa cuenta hasta el momento con trece imputados, entre los que se encuentra el dueño de la bodega, Juan Francisco Rosa, el arquitecto del proyecto, Miguel Ángel Armas Matallana, y el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que concedió la primera licencia para la construcción.
Además, las imputaciones han llegado también a técnicos y políticos del Gobierno de Canarias, ya que el Ejecutivo regional también concedió a Juan Francisco Rosa la autorización para construir en suelo rústico (el equivalente a la actual calificación territorial).
Por este motivo ya declararon como imputados el que era director de Política Territorial, Juan César Muñoz, así como Armando Vilacencio y el aparejador Rafael Pérez. Además, también declaró como imputado el que fuera jefe de Servicios de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, Faustino García Márquez.
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