El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha dictado este lunes un auto en el que ordena la investigación determinadas actuaciones del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña, Luís Suárez Trenor, que podrían ser constitutivas de un presunto delito de cohecho vinculado a varias operaciones inmobiliarias relacionadas con filiales de Forum Filatélico.
El auto dictado por el juez Garzón indica la existencia de indicios de que la filial de Forum Filatélico, Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, SA, a su vez propietaria de Parque Marítimo Anaga, SA, podría haber pagado ciertas cantidades de dinero para favorecer una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y para una operación con dos parcelas de terreno situadas en Valle de Tahodio.
La resolución judicial apunta a Zerolo y Suárez Trenor "entre las personas presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias", así como a la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga y asesora urbanística Herminia Gil, que fuera concejal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Además, se indica que "hasta el momento no existe constancia de si las cantidades han sido pagadas o recibidas", para cuya determinación remite la investigación al Decano de los Juzgados de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife.
También cita entre esas personas que pudieran estar comprometidas con los pagos, bien como presuntos oferentes de la cantidades o como presuntos aceptantes o destinatarios de las solicitudes, al presidente de Forum Filatélico, Francisco Briones Nieto, al director general de la entidad, Antonio Merino Zamorano, y al asesor jurídico de Fórum, Juan Ramón González.
Asimismo, apunta como presuntos implicados a los miembros de Prius Abogados, Antonio Martín-Lomeña y Juan José Domínguez Baro, al arquitecto Julio Aumente Aumente, y a los representantes de Cuadra Asociados, Carlos Gómez Castillo y Domingo Cuadra Morales, además de a José Ana Pérez Labajos y José Manuel Carlos Llorca Rodríguez.
En el auto dictado por Garzón, como titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de Madrid, se inhibe a favor del decano de los juzgados de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife para investigar "el posible delito de cohecho o cualquiera otra infracción penal que se derive del testimonio que se adjunta".
Baltasar Garzón, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, considera que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de cohecho, para los que la Audiencia Nacional no es competente de investigarlos, y acuerda remitir el testimonio al decano de los Juzgados de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife "competente por razón de territorio donde se habría cometido el presunto delito".
ACN Press
