El Cabildo de Fuerteventura ha remitido ya las alegaciones en contra del permiso por el que se autorizan las prospecciones petrolíferas en sus costas. El escrito ha sido enviado a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria y en él se solicita que no se prosiga con la aprobación del borrador del Real Decreto que contempla estos estudios y que se suspenda su tramitación. Para ello, el Cabildo alude a la "caducidad" del decreto, a los defectos en su tramitación y a los daños medioambientales.
El Cabildo de Fuerteventura ha solicitado al Ministerio también que facilite los informes y las resoluciones administrativas sobre las que se sustenta el análisis del programa de medidas medioambientales propuesto por Repsol. "Ni administrativamente, ni socialmente, ni económicamente, ni ambientalmente está justificado este proyecto, que el Ministerio debe suspender definitivamente ya. Es un error seguir adelante. Lo que no es bueno para Valencia ni Baleares, tampoco lo es para Fuerteventura", ha señalado el presidente, Mario Cabrera.
En las alegaciones que el Cabildo de Fuerteventura ha presentado en contra de las prospecciones, llama la atención una en la que señal que la autorización del Ministerio "se ajusta a la propuesta del solicitante", es decir, de Repsol. Además, ha recordado que este permiso de investigación, que Mario Cabrera ya aseguró que era el mismo de hace diez años, incluía dos periodos diferenciados y ambos "han caducado".
Uno, y el primero, de dos años de duración, en el que se obtendrían muestras sísmicas y se realizarían estudios geofísicos y geoquímicos. Para autorizar tales estudios, se aprobó un decreto el 21 de diciembre de 2001, cuyo plazo "finalizaría el 21 de diciembre de 2003", según ha recordado el Cabildo de Fuerteventura. Por tanto, ya está "caducado", según las mismas fuentes. El segundo periodo duraría cuatro años y se realizarían trabajos de perforación, que deberían finalizar como tarde el 21 de diciembre de 2007, fecha ya pasada.
"El plazo de duración de la autorización concedida respecto a los dos primeros años ya se ha agotado. El permiso originario ha agotado todos sus efectos por finalización del plazo de la autorización no anulada. Cualquier acto de convalidación posterior a dichas fechas es absolutamente contrario a la buena fe, a la equidad y especialmente al derecho de los particulares que podrían concurrir con ofertas en competencia", han señalado desde el Cabildo de Fuerteventura.
Nuevo procedimiento de autorización
De ahí que en sus alegaciones, el Cabildo de Fuerteventura también haya señalado que "para el otorgamiento de un permiso de investigación a Repsol no puede acudirse a la vía de la convalidación de un acto anulado, sino a la tramitación de un nuevo procedimiento de autorización en el que se cumplan todos los requisitos y garantías legalmente establecidas". Además, ha informado también de que en los últimos años se han realizado "modificaciones" al expediente de Repsol, como una que recoge que "la obligación de hacer un pozo durante el tercer año quedaría diferida a cualquier momento durante las restantes anualidades".
El Cabildo de Fuerteventura ha criticado la "falta de actualización" del expediente por el que se autorizan las prospecciones, ya que Repsol solicitó el permiso en 2000 y aseguró que su inversión sería de 10 millones de euros y este presupuesto no ha sido modificado en once años. Sin embargo, según estas mismas fuentes, en el expediente sí que se recogen modificaciones como "la posibilidad de construir más pozos" a los inicialmente previstos, ya que en una parte del permiso se dice: "al menos dos pozos".
"Llama poderosísimamente la atención que una autorización de esta trascendencia se otorgue de una forma ambigua y abierta. Con dicha redacción parece evidente que quedará a voluntad de Repsol la construcción y perforación de cuantos pozos considere oportunos", han insistido desde Fuerteventura. Por ello, ha recordado que el programa de medidas de protección se efectuó sobre la base de la construcción de dos pozos, no de más. "Concurre otra razón más para criticar el desfase de su contenido", han apuntado desde el Cabildo majorero.
En este sentido, han asegurado también que han detectado una "falta de actualización" de las medidas de protección medioambiental, ya que desde el punto de vista técnico se trata de "medidas claramente desfasadas y contrarias a los mecanismos cada vez más proteccionistas previstos por la normativa de aplicación".
Daños ambientales
El Cabildo de Fuerteventura ha afirmado también que en el borrador del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 'la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y gas mar adentro' se pone de manifiesto "las carencias de las legislaciones de los distintos estados". Esto, según este Cabildo, "evidencia aún más el argumento sobre el absoluto desfase del programa de protección medioambiental que Repsol presentó hace más de siete años sobre la base de una legislación aún más inapropiada que la actual".
El Cabildo de Fuerteventura ha dejado claro también que según una comunicación de la Comisión del Parlamento Europeo sobre este asunto, se señaló que "el sector es el principal responsable de sus operaciones", en referencia a las empresas petrolíferas. "Sus operaciones deben dar una prioridad visible e inequívoca a la seguridad y a la sostenibilidad por encima de cualquier otra preocupación. Esto tiene que demostrarse mediante inversiones en capacidad de prevención, capacidad de respuesta ante los accidentes y capacidad para recuperar el crudo", expuso el Parlamento Europeo, que recordó lo siguiente: "El marco reglamentario y las normas de funcionamiento existentes no garantizan la acción de emergencia más efectiva en caso de accidente en aguas de la Unión Europea y la atribución de responsabilidades en relación con el saneamiento y los daños convencionales no está totalmente clara".
Según el Cabildo de Fuerteventura, el Parlamento Europeo exige que en la autorización para las prospecciones se tenga en cuenta la "capacidad de los solicitantes para cumplir los requisitos aplicables a las actividades específicas previstas por dicha autorización con especial referencia a la exigencia de garantías financieras para atender a las posibles responsabilidades, fundamentalmente los daños al medio ambiente, y un periodo de información pública y participación ciudadana de contenido extenso".
"Las razones de prudencia señaladas y la adecuada ponderación de los intereses en juego evidencian la imposibilidad de acudir a un procedimiento de convalidación a toda prisa tomando como punto de partida un programa de protección medioambiental absolutamente desfasado", ha manifestado el Cabildo majorero en sus alegaciones al Ministerio de Industria.
La zona de las prospecciones
El Cabildo de Fuerteventura ha afirmado en sus alegaciones que la zona en la que se pretenden hacer prospecciones se sitúa en el noroeste de Canarias, en la línea de corriente que deriva hacia las islas de Lanzarote y Fuerteventura y los islotes situados cerca de dichas islas. Este lugar tiene una serie de características especiales como que en la zona se localizan importantes poblaciones de especies de vegetales y animales marinos, protegidos por una directiva. Algunas de estas especies son residentes y otras migratorias, que utilizan este agua para sus desplazamientos periódicos.
El Cabildo ha expuesto también que en las costas de Fuerteventura y Lanzarote hay Espacios Naturales Protegidos (ENP) por la legislación canaria y estatal o, incluso, por la europea. Ambas islas tienen además la consideración de Reserva de la Biosfera. En esta zona, viven también especies marinas catalogadas como amenazadas por la normativa canaria y estatal, como los cetáceos y una fanerógama marina en peligro de extinción. "Es una zona de tránsito y de explotación de numerosas especies de interés pesquero como los atunes", ha destacado el Cabildo majorero.
En sus alegaciones, el Cabildo explica también que existen numerosos estudios que han demostrado que los intensos sonidos producidos durante las prospecciones de hidrocarburos presentan "potenciales efectos físicos, fisiológicos y de comportamiento sobre los mamíferos marinos y los peces en el área de prospección".
"Pueden existir además efectos a largo plazo debido a exposición crónica y el sonido puede afectar a los animales indirectamente debido a cambios en la accesibilidad de sus presas, que sufren a su vez los efectos de la contaminación acústica. Estos daños podrían afectar de forma significativa a la conservación de las poblaciones de especies de mamíferos marinos amenazadas, que utilizan el área de prospección como ruta migratoria, área de reproducción o alimentación. Igualmente podrían afectar a las pesquerías del área", ha señalado el Cabildo.
La amenaza al medio marino
El Cabildo de Fuerteventura ha manifestado también que "las prospecciones sísmicas" se presentan "como una amenaza sobre el correcto funcionamiento de las pesquerías". "Se ha podido observar que los peces sufren un cambio en su comportamiento, debido a las lesiones que se producen en la vejiga natatoria de los mismos, en ojos, oído interno y línea lateral, que es con lo que los peces coordinan sus movimientos".
Además, ha indicado que existen datos que evidencian "una reducción en las capturas de peces de distintas especies en áreas próximas a las prospecciones".
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