El Cabildo de Fuerteventura puso este lunes una denuncia ante la Secretaría General de la Comisión Europea contra el Gobierno de España, en relación a dos directivas comunitarias que afectan a la reactivación del expediente de las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.
En el escrito se destaca que tanto la autorización de las prospecciones petrolíferas como el programa de trabajos, en el que se daría vía libre a la perforación de "al menos dos pozos exploratorios de 3.500 metros de profundidad", vulnera "los objetivos esenciales" de la directiva 9011/92, que "establece el derecho a una evaluación medioambiental con participación pública".
"Este incumplimiento es claro al menos en tres sentidos: porque no se considera con carácter previo a la autorización la necesidad de una evaluación de impacto ambiental, porque se fracciona el programa de trabajos para evitar un análisis global de las consecuencias y porque no se consulta con la ciudadanía "en ningún momento del proceso", recoge el escrito.
En el escrito, se cita jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se subraya que la evaluación de las repercusiones medioambientales debe efectuarse "antes de concederse una autorización" y no después, como pretende el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
En efecto, el borrador preparado por el Ministerio considera que "las medidas de protección medioambiental" se recogen en sendos documentos genéricos sobre prospecciones aportados por la petrolera en los que no se evalúa ningún aspecto del ecosistema canario y se posterga a una vez que se dé luz verde a los permisos el plan de gestión medioambiental y el plan de contingencias de "cada trabajo específico".
Directiva de hábitats
Además, se ha denunciado ante la Comisión Europea la vulneración de la directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres, recordando que "en la zona directamente afectada" y sus proximidades "se localizan importantes poblaciones de especies de vegetales y animales marinos protegidas" por la normativa comunitaria.
En ese sentido, se recuerda que en las costas de ambas islas, a poco más de 10 (Fuerteventura) y 20 (Lanzarote) kilómetros de donde el Ministerio pretende conceder los permisos, hay ocho espacios naturales protegidos por la legislación canaria (cinco en Fuerteventura y tres en Lanzarote), un parque nacional, el de Timanfaya, una reserva marina, la del Archipiélago Chinijo, así como lugares de interés comunitario y zonas de especial protección de aves.
El Cabildo de Fuerteventura destaca en su escrito que la directiva que protege los hábitats naturales exige "un control previo" de aquellos proyectos que puedan "afectar de forma apreciable" a estos espacios protegidos, amparando sólo la autorización de las intervenciones que no causen "perjuicio a la integridad" de los mismos.
"No hay mención" en el borrador de autorización que prepara el Ministerio "de ninguna evaluación ambiental con el objeto de cumplir con lo establecido en la directiva" de conservación de hábitats naturales, subraya el texto, que considera que se ha producido "una infracción clara" de la exigencia de una "adecuada evaluación ambiental".
Solicitud a Europa
El Cabildo reclama por lo tanto a la Comisión Europea que "inicie el procedimiento necesario para requerir al Estado español" para "que cumpla con el debido procedimiento y sus obligaciones" establecidas en las dos directivas citadas."Sobre todo para proteger la inmensidad de los valores naturales que existen en la zona marítima donde se tenía previsto desarrollar prospecciones petrolíferas por Repsol", se expone en el escrito.
