El Cabildo de Fuerteventura ha contratado los servicios del bufete de abogados Beaumont Aristu, de Navarra, para presentar un recurso contra el Real Decreto por el que se autorizaron las prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias. Este bufete representó al Cabildo de Lanzarote en 2004, logrando parar las intenciones de Repsol .
Sin embargo, el Cabildo de Lanzarote decidió en esta ocasión prescindir de sus servicios, y optó por encargar la ejecución de sentencia al abogado Ignacio Calatayud, asesor jurídico de Pedro San Ginés, al considerarlo "más oportuno y más barato".
Un criterio muy distinto del que mantiene el Cabildo de Fuerteventura, también presidido por CC, que se ha decantado por este despacho de abogados de Navarra. "Por su experiencia, es el más adecuado, sobradamente", afirma el presidente de la institución majorera, Mario Cabrera.
En el caso de Fuerteventura, según explica Cabrera, se hizo un concurso al que se presentaron tres empresas. "Por su experiencia, solvencia y oferta, era con diferencia el más adecuado, además porque ya ganó el primer contencioso en 2004", señala el presidente del Cabildo de Fuerteventura, que está convencido de que "el pleito se ganará".
El precio del contrato, según precisa Cabrera, ha sido de 80.000 euros. "Eran 90.000, pero como era un proceso negociador se ha quedado en 80.000", explica el presidente majorero, que dice que "más dinero se gastará con los destrozos que causarán las prospecciones si salen adelante".
Precisamente, el pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó este miércoles, con los votos a favor del grupo de gobierno (CC y PSOE) y del grupo PPM poner un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto que autorizó las prospecciones. "Nosotros estamos dispuestos a anularlo, pero sólo si el ministro de Industria anula antes las adjudicaciones y se sienta a hablar de proyectos alternativos de energías renovables", señala Cabrera.
Atacar desde distintos puntos
El presidente del Cabildo de Fuerteventura ha señalado que el hecho de que se haya optado porque cada institución presente su defensa individualmente y no de forma conjunta es "para poder hacer frente al proyecto desde distintos ámbitos y así tener más garantías".
Asimismo, de esta forma se busca tener acceso al expediente. "Queremos conocerlo, porque en aquella ocasión nos dijeron que no éramos parte afectada y no pudimos tenerlo", señala Cabrera, que dice que se quiere dar cabida a todos los colectivos posibles en este contencioso. "Cuantos más seamos, mejor y más ojos para revisar el expediente".
