El comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, aseguró este sábado que el Ejecutivo autónomo buscará otras opciones de expresión amparadas en la Ley de Participación Ciudadana si finalmente el Tribunal Constitucional se pronuncia en contra de la consulta auspiciada por Canarias e impugnada por el Gobierno del Estado, que ayer anunció la presentación de un recurso ante el citado tribunal.
Ríos explicó, en cualquier caso, que el Gobierno de Canarias espera que el Tribunal Constitucional avale la consulta ciudadana contra las prospecciones y que antes de cinco meses a partir de la admisión a trámite del recurso se pronuncie definitivamente sobre la suspensión cautelar que ésta lleva aparejada.
El comisionado subrayó que los dos decretos aprobados por el Gobierno de Canarias son plenamente constitucionales y que en ningún caso suponen un referéndum encubierto ni tampoco se invaden competencias estatales, "puesto que lo que preguntamos tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo y con aspectos sobre los que tenemos competencias".
Ríos también afirmó que "es el PP el que ha frenado la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas con su recurso, no el Gobierno de Canarias, que añadió, siempre ha actuado y seguirá actuando conforme a la legalidad". En esa dirección, explicó que una vez que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso presentado por el Estado, el Ejecutivo autónomo paralizará los procedimientos relacionados con la consulta.
"Esto no quiere decir que el Gobierno de Canarias no siga buscando mecanismos alternativos de participación ciudadana para que los canarios puedan expresarse sobre un asunto de vital importancia para su futuro", aseguró el comisionado, quien criticó la decisión adoptada ayer por el Consejo de Ministros "porque lo único que pretende es silenciar la voz de los canarios en una actuación que denota un talante muy poco democrático".
En ese sentido, el comisionado insistió en que el Gobierno del Estado y el PP se han limitado a buscar excusas legales para impedir a los canarios el ejercicio de un derecho plenamente democrático. "Se trata de una decisión exclusivamente política que esconde otros intereses más allá de los generales y, desde luego, diferentes al interés general de los canarios."
