El Juzgado número 13 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado la ejecución del Laudo por el que la empresa pública de aguas, Inalsa, deberá pagar exactamente la cantidad de 9.561.714 y2.658.514 de euros en concepto de intereses, costas y gastos a la Unión Temporal de Empresas Edam Janubio, en virtud de un supuesto incumplimiento del contrato para la construcción de la desaladora del sur.
A pesar de que el consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez, continúa sin confirmar una constancia oficial de esta ejecución, lo cierto es que el auto declara embargada una finca de más de seis mil metros cuadrados, situada en Las Caletas, en el municipio de Teguise, que según el documento, es "propiedad del ejecutado (de Inalsa) y se estiman bastantes a cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución". Sin embargo, Mario Pérez asegura que actualmente esta finca pertenece al Consorcio Insular de Aguas, formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla, por lo que no sería un bien embargable. La compañía insiste en que no tiene bienes propios, lo que podría poner en riesgo la economía de Inalsa en caso de quela Justicia decidiera ordenar el embargo de las cuentas.
"FCC nos amenaza con embargar los bienes, las cuentas, los sueldos, las subvenciones, las propiedades y el inmobiliario de Inalsa", ha explicado el consejero delegado de la empresa pública. "Pero lo que asegura nuestro servicio jurídico es que los bienes y los activos públicos son inembargables, porque Inalsa es una sociedad instrumental de un consorcio público, y por eso estamos tranquilos".
En el documento también se requiere en un plazo de diez días la presentación ante el juzgado de una "relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión de cargas y gravámenes".
Mario Pérez insiste en la posibilidad de continuar trabajando para conseguir la anulación del contrato firmado en 2001 entre Inalsa y la UTE Edam Janubio, para la construcción de la Planta Desaladora del Janubio. "La buena noticia es que el Consejo Consultivo de Canarias ha admitido a trámite el requerimiento de Inalsa para anular el contrato", ha explicado Mario Pérez.
Por otra parte, este jueves, el PIL, el Partido Popular y Alternativa Ciudadana han solicitado con urgencia la reunión de la Junta de Portavoces, para valorar el contenido de este auto, así como analizar las repercusiones que pueda tener en la empresa pública de Aguas.
