Teniendo en cuenta el volumen de trabajo que hay en Lanzarote y Fuerteventura, ¿cómo cree que va a afectar el cierre de la Sección Bisde la Audiencia Provincial para estas islas?
Ha sido un error la suspensión de esta sección bis, que fue un acuerdo al que llegó el Gobierno de Canarias con el Consejo General del poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia, para atender a las demanda penal que existía en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Se creó esta sección hace un año, donde lo que hacen los magistrados es que se desplazan allí a celebrar juicios. La suspensión de esta sección supone que los magistrados no se desplazarán, siendo los ciudadanos los que se desplacen a la isla de Gran Canaria. Como digo, esto fue un acuerdo con el TSJC para facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos, y estamos en contacto con el Tribunal Superior de Justicia para buscar una solución a este problema.
¿Conocen ustedes de forma directa cúales son los motivos por los que se ha llegado a esta decisión?
Es motivado por el incremento de asuntos que tienen tanto la isla de Lanzarote como Fuerteventura. Desde hace años, siempre, los magistrados de las secciones que existían en Las Palmas se desplazaban, pero hablamos de desplazamientos que se producían cada mes o cada dos meses. Esto fue cada vez más continuo, llevando a desplazamientos una vez a la semana. Por eso se creó esta Sección Bis, que cada vez tiene una carga de trabajo más importante. Y hablamos de magistrados que no sólo tienen su trabajo en Lanzarote y Fuerteventura, sino también en la Audiencia de Las Palmas. Por eso, señalan que renunciaron a parte de esa sección, porque no podían sacar el trabajo que tenían en la propia Audiencia de Las Palmas.
¿Y tienen prevista alguna medida para resolver esta situación?
Siempre y cuando esta Sección Bis no se ponga en marcha, el Gobierno de Canarias optará por la creación de una sección específica para estas dos islas, con magistrados ya allí, para atender el volumen de asuntos. Ya no sólo por el volumen que hay, sino también porque hablamos de un territorio fragmentado, donde lo que no podemos es que al final se tengan que desplazar continuamente a la isla de Gran Canaria para atender este tipo de asuntos, sobre todo cuando hablamos de un volumen importante.
Pero, ¿de quién depende la creación de esa sección específica?
Eso es un acuerdo. Siempre la creación de nuevas unidades judiciales es un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia con el Gobierno de Canarias y, por supuesto, dentro del marco de las unidades judiciales que nos dé el Ministerio de Justicia. Luego, entre el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno de Canarias, decidimos entre las necesidades que tiene Canarias cuáles son las prioritarias, al igual que se ha decidido este año crear un nuevo juzgado en Lanzarote. Por tanto, las unidades judiciales para este año ya están cubiertas y habrá que resolver este problema a lo largo de este año con el TSJC, para que los magistrados se sigan desplazando en las secciones que ya existen y ver si éstos se siguen desplazando a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, para después pensar, a medio o largo plazo, en crear una sección para estas islas.
¿Entienden ustedes que se puede encontrar una solución intermedia o volver a lo que ya teníamos?
Si, efectivamente. Estamos trabajando en dos líneas: volver a reactivar esta sección en las islas o trabajar con el Tribunal Superior de Justicia para que una de las secciones que ya existen en la Audiencia Provincial se desplaze a Lanzarote y Fuerteventura, como hacían anteriormente. Es decir, estamos trabajando en las dos líneas para evitar perjuicios a los ciudadanos de Lanzarote y Fuerteventura.
Además de la desaparición de esta sala Bis, en los Juzgados de Arrecife también se palpa día a día la saturación y la falta de medios, especialmente en juzgados como el 2 y el 5, que además tramitan importantes casos de corrupción. ¿Se están haciendo todos los esfuerzos necesarios desde el Gobierno de Canarias para corregir esta situación?
Efectivamente, la isla de Lanzarote ha tenido un incremento de volumen desde hace diez años para acá y eso se ha visto también en el trabajo que tiene cada uno de esos juzgados. Nosotros estamos trabajando no sólo en la creación de nuevos juzgados, que suponen también un desahogo para los que ya existen, sino también en la reforma de la Oficina Judicial, que como saben va a empezar por la isla de Lanzarote y que será visible a lo largo de este año. Yo creo que con esta reforma vamos a conseguir agilizar la justicia, dar un mejor servicio al ciudadano. Y en eso estamos trabajando. A lo largo de los próximos meses, me acercaré personalmente a la isla de Lanzarote para consensuar esta reforma, ver cómo será la realidad judicial de aquí a unos meses y conseguir descongestionar los juzgados de Lanzarote.
Al margen de todo esto, como conocedora del mundo judicial, ¿qué opinión le merece que la Fiscalía Anticorrupción esté estudiando asumir la Operación "Unión", que hasta ahora estaba en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas?
Son criterios simplemente del Ministerior Fiscal, a nivel de Madrid. Como saben, la Fiscalía Anticorrupción depende directamente de Madrid y la Fiscalía de Medio Ambiente depende del Tribunal Superior de Justicia esta comunidad autónoma, por lo que son decisiones a nivel del Ministerio Fiscal y son ellos los que tendrán que ver y decir las razones por las que pasa de una sección a otra. Por ello, yo personalmente no tengo ninguna valoración que hacer, ya que responde a criterios propios del Ministerio Fiscal.
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