Uno de los denunciantes del caso "Unión", Carlos Espino, ha dirigido un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que pide que se abra un expediente de investigación contra los magistrados Ignacio Sánchez Yllera y Ángel Aguallo, cuyos nombres aparecen en varios informes de la UCO por su relación con uno de los principales imputados en la causa, el empresario Luis Lleó.
Los documentos que acreditaban la labor de asesoramiento que realizaron estos dos jueces, que en ese momento formaban parte del Tribunal Constitucional, quedaron fuera del caso Unión, al anularse los registros en la vivienda y las oficinas del empresario Luis Lleó. Sin embargo, Espino pide ahora al Poder Judicial que abra diligencias internas para depurar responsabilidades. Y es que en sus informes, la UCO advertía de que, entre otras cosas, ambos magistrados podrían haber incurrido en "incompatibilidad".
Tal como en su momento publicó La Voz de Lanzarote, los correos electrónicos interceptados en el caso Unión y los informes policiales apuntan a que ambos jueces asesoraron fiscalmente a Lleó, denunciado por el presunto intento de soborno a Carlos Espino, y que también estaba siendo investigado entre otras cosas por presuntos delitos de evasión de impuestos.
En las fechas en las que se produjo ese asesoramiento, Aguallo y Sánchez Yllera formaban parte del Tribunal Constitucional como letrados. Además, Ignacio Sánchez Yllera era jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, así como juez de Vigilancia Penitenciaria y técnico del Consejo General del Poder Judicial. Actualmente, ambos siguen ejerciendo como magistrados, uno en el Tribunal Supremo y otro en la Audiencia Provincial de Madrid.
Pagos "camuflados"
El informe de la UCO señalaba que tanto el juez Ángel Aguallo Avilés como Ignacio Javier Sánchez Yllera, que asesoró a Lleó en "diversos asuntos jurídicos", pudieron incurrir en "algún tipo de incompatibilidad", ya que eran letrados-magistrados del Tribunal Constitucional. Al respecto, señala que la ley impide que los miembros de este órgano compatibilicen ese cargo con "cualquier otra función, destino o cargo, así como el ejercicio profesional y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento".
Sin embargo, a la luz de la documentación incautada en los registros durante la Operación Unión, la UCO sostiene que realizaron ese asesoramiento a Lleó y cobraron por ello. Además, según el informe policial, intentaron camuflar esos pagos, evitando que vinieran "reflejados directamente a nombre de la persona que realiza el asesoramiento".
Entre los documentos intervenidos por la UCO, se encontraron facturas enviadas a la abogada María José García Vizcaino (a la que la UCO señala como pareja del magistrado Ignacio Sánchez Yllera), de los pagos realizados por prestación de servicios relacionados por Residencial Costa Roja a Ángel Aguallo Avilés y a otro asesor de Lleó, así como el envío a través de Ignacio Sánchez Yllera de documentos y consultas realizadas por los redactores del dictamen fiscal del residencial Costa Roja.
Ángel Aguallo Avilés fue uno de los "autores intelectuales" de ese dictamen, en el que recomendaban a Lleó los pasos a seguir para que Residencial Costa Roja tributara como sociedad patrimonial, obteniendo una tributación muy inferior a la que se realiza en el régimen general de sociedades, pese a que no cumplía los requisitos para ello.
En ese dictamen, proponían a Lleó la disolución de la sociedad y la entrada de otras personas como accionistas. Esto último se hizo con la compra de participaciones por parte de dos personas, aunque la UCO subraya que pudo tratarse de una operación ficticia, "realizada exclusivamente de manera documental".
"Deja que Espino muerda el anzuelo"
En el escrito que ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial, Carlos Espino reproduce también el contenido de otros correos electrónicos que formaban parte del sumario del caso "Unión" y que fueron publicados en su día por distintos medios. En uno de ellos, Ignacio Sánchez Yllera le dice a Luis Lleó que es "imposible localizarle, que teme, intuye y tiene algún dato de que sus cosas familiares (consultores-inmubles) van a estallar por los aires y que puede verse en vuelto en otra causa penal". En ese mismo mail, el magistrado apunta que todo ello "es consecuencia de no haber recibido noticia ni dato alguno de esos magníficos economistas-contables, lo que le hace creer la sospecha de que les estás preparando alguna gorda".
En otro de los correos electrónicos, también aparece mencionado el propio Carlos Espino, que además de denunciar el intento de soborno por parte de Lleó para desbloquear la urbanización de la parcela de Costa Roja, también había denunciado la licencia que en su momento le concedió José Francisco Reyes para construir más de mil viviendas en ese suelo, y que dio lugar a otra causa penal que está pendiente de juicio.
"Cuantos más amigos tengan a Espino como enemigo… mejor para ti", le decía el magistrado Sánchez Yllera a Lleó en uno de esos mails. Además, le recomendaba que dejara que Carlos Espino "mordiera el anzuelo", porque "le pasará como al gobernador de Nueva York", en aparente referencia a Eliot Laurence Spitzer.
Este abogado y político llegó a ser conocido como "el sheriff de Wall Street" por su lucha contra la corrupción y, en particular, por la persecución de los delitos de altos ejecutivos y brokers. Sin embargo, en 2008 renunció a su cargo a raíz de un escándalo sexual.
