En Lanzarote no existe personal para el control sanitario del tráfico internacional de viajeros. Así de claro lo ha explicado la mesa del Congreso de los Diputados en respuesta a la pregunta formulada por el diputado por Lanzarote del Grupo Popular,Cándido Reguera, en la que solicitaba al Gobierno central información sobre el número de profesionales sanitarios que hay en Lanzarote y Fuerteventura para realizar el control y la vigilancia sanitaria del tráfico de personas y cómo tiene resuelta el Ministerio de Sanidad esta competencia, concretamente en la isla de Lanzarote.
La pregunta, que fue formulada durante la sesión parlamentaria del pasado 6 de abril, obtuvo como respuesta que en la actualidad "no existe dotación de personal sanitario en las islas de Lanzarote y Fuerteventura que realice labores que correspondan a Sanidad Exterior" y que es el personal del Área de Sanidad de Canarias "el que efectúa alguna actividad de control médico en el aeropuerto de Lanzarote, cuando se considera necesario", pese a que no es competencia del Gobierno de Canarias.
También explica el Gobierno Central que el control sanitario de los viajeros que llegan a Lanzarote a través de puertos y aeropuertos, depende del personal del Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en Canarias, pero esta área, carece de médicos en Lanzarote. El departamento de Sanidad de la Delegación gubernamental, dispone de una plantilla de 32 efectivos dependientes de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y otros 24 en la Subdelegación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
"Hasta hace poco, teníamos un médico aquí en Lanzarote, ahora no sé porqué ya no está" asegura el diputado por Lanzarote. "Creo que me han dado una respuesta frívola, porque aquí están llegando pateras con personas que no sabemos si tienen alguna enfermedad y no se les está haciendo control alguno". Cándido Reguera mantiene que "la inmigración irregular y el tránsito de personas a las islas de diferentes lugares del mundo requieren los correspondientes servicios de control y vigilancia" y apunta que "es responsabilidad exclusiva del Gobierno de Zapatero".
