El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado al Juzgado revisar la licencia de las viviendas edificadas en la parcela 202 del Plan Parcial Costa Teguise,. De esta manera, admite el recurso que la sociedad Ledesdorfe interpuso contra un auto judicial de junio de 2010, que acordó archivar este procedimiento, al considerar insuficiente la documentación aportada por los denunciantes.
Ahora, esta nueva resolución del TSJC sostiene que los representantes de Ledesdorfe solicitaron en marzo al Ayuntamiento de Teguise una copia de las resoluciones de estas licencias, pero el Consistorio no se las facilitó. Posteriormente, Ledesdorfe pidió al Juzgado que requiriera estos documentos al Ayuntamiento con el objetivo de conocer los decretos y las resoluciones dictadas en el expediente de concesión de esta licencia en Costa Teguise. Sin embargo, el Juzgado ordenó archivar el recurso.
Por ello, Ledesdorfe recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ahora, la sala considera que el Juzgado sí tiene que revisar estas licencias, y señala que los recurrentes "han agotado las diligencias exigibles" para conseguir esta información.
"La parte recurrente ha puesto de manifiesto que no puede obtener la copia de las resoluciones porque el Ayuntamiento no ha contestado a su petición y sin haberse requerido previamente a dicha Corporación por parte del órgano jurisdiccional, no responde a una interpretación favorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva", indica el TSJC.
Más de 300 demandas
Ledesdorfe es una sociedad integrada por promotores con licencias ilegales, principalmente vinculados al Plan Parcial Playa Blanca, que preparó más de 300 demandas contra licencias urbanísticas concedidas en los municipios de Teguise y Yaiza entre los años 1998 y 2008.
Desde su presentación en febrero de 2009, Ledesdorfe aseguró que llevaría centenares de licencias a los juzgados y denunció que el Cabildo no impugnara todas las licencias irregulares de la isla, y se centrara sólo en las de los hoteles. De esta manera, afirmaron que la primera institución insular "aplicó criterios selectivos de impugnación", por lo que decidieron presentar una multitud de demandas.
Quitar y poner demandas
Incluso, el abogado de esta sociedad, Ignacio Díaz de Aguilar, aseguró que estos promotores denunciarían todas las licencias, incluidas algunas de las que ellos mismos eran titulares. Sin embargo, esto ha tenido sus particulares matices.
