La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha remitido al Ayuntamiento de Yaiza una reciente resolución que lleva fecha de 1 de septiembre de 2010, mediante la que el Alto Tribunal ordena al Consistorio sureño que [ejecute la sentencia que declaró nulo de pleno derecho el Plan Parcial Playa Blanca->http://www.cabildodelanzarote.com/Uploads/doc/20090630183740495.pdf]. Asimismo, solicita que proceda a adoptar las medidas necesarias para cumplir con el fallo dictado por el Tribunal.
Concretamente, la resolución que el Tribunal Superior de Canarias ha remitido al Ayuntamiento de Yaiza señala que en un plazo de diez días desde la recepción de este fallo, el Consistorio debe llevar "a puro y debido efecto" la sentencia. Además, señala que debe practicar lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Asimismo, la sentencia refleja que en el mismo plazo se indique el "órgano y la autoridad, funcionario o agente, encargado del cumplimiento".
Plan Parcial extinguido
Como se recordará, la Sentencia que el TSJC dictó el 1 de abril de 2009 estimó el recurso que el Cabildo de Lanzarote interpuso contra los polémicos decretos que el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, dictó en diciembre de 2003 y marzo de 2004. Con éstos, se autorizaba el inicio de las obras de urbanización del suelo correspondiente al denominado ["Plan Parcial Playa Blanca"->http://www.cabildodelanzarote.com/Uploads/doc/20090630203842183.pdf], así como las ordenanzas del referido plan parcial. El alcalde de Yaiza las aprobó rechazando las reiteradas advertencias de ilegalidad que le fueron realizadas por el entonces presidente del Cabildo de Lanzarote, Mario Pérez, para que no se urbanizara el suelo de dicho Plan Parcial. El Cabildo, ya desde entonces, alertaba a Reyes que estaba extinguido por efecto de la Ley de Medidas Urgentes de 2001 (Ley 6/2001 de 23 de julio).
Reyes hizo caso omiso de las advertencias de ilegalidad que le formuló el Cabildo y decidió seguir adelante con el desarrollo de ese polémico Plan Parcial publicando las ordenanzas del mismo y concediendo numerosas licencias para construcción de viviendas en dicho suelo que también fueron recurridas por el Cabildo por edificarse en un plan parcial que estaba extinguido, y por tanto ya no era válido desde el año 2001.
Viviendas sin cobertura
[El Plan Parcial Playa Blanca ocupa una superficie de suelo de 1.155.280 metros cuadrados->http://www.cabildodelanzarote.com/Uploads/doc/20090630202349923.pdf] y tenía prevista la construcción de edificaciones con una capacidad alojativa de 5.670 plazas con un total de 1.850 viviendas, las cuales no pueden ser edificadas. Sin embargo, durante la tramitación del recurso ante los tribunales el ex-alcalde de Yaiza otorgó licencias para la construcción de unas 1.000 viviendas, de las cuales han sido terminadas unas 400, cuyas licencias también han sido suspendidas por los Juzgados, las cuales se verán directamente afectadas por la ejecución de la sentencia que anuló el plan parcial y que ha dejado "sin cobertura jurídica alguna" a todas esas construcciones que fueron edificadas en el periodo de tiempo en que se estaba tramitando el recurso del Cabildo contra el referido plan parcial.
Buena parte de las viviendas edificadas con permisos ilegales en ese plan parcial anulado fueron vendidas por sus promotores a terceros de buena fe sin advertírseles de los graves problemas legales que afectaban al plan parcial, lo que ha generado una situación de verdadera incertidumbre para numerosas familias de la zona que incluso han formulado demandas contra los vendedores por considerarse engañados por los mismos.
Declaraciones
Esta semana, tres de los empresarios que promovieron viviendas en ese plan parcial están citados a declarar ante el Juzgado número 2 de Arrecife que investiga a presunta trama de concesión de licencias ilegales. Uno de los empresarios, Félix Leceta, declaró el pasado martes y otros dos están llamados a declarar a lo largo de esta mañana.
Un testigo, que fue socio de uno de ellos, acusó el pasado invierno a los empresarios de haber pagado medio millón de euros al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para que concediera y agilizara dichas licencias en un plan parcial que no tenía validez.
