El TSJC señala en su sentencia que la UTE insiste en los mismos argumentos que había presentado anteriormente y le condena a pagar las costas. "De lo expuesto por la parte apelante se desprende que más bien se comparte el criterio del juez 'a quo' sobre la improcedencia de la autorización y que las cuestiones que se plantean tratan de obtener una respuesta a la controversia con la empresa Inalsa derivada de un contrato suscrito entre ambas, sin embargo dichas cuestiones son ajenas al objeto del recurso, sin perjuicio de que se ventilen por otro cauce", señala la sentencia.
En abril de 2004 el Consejo Insular de Aguas denegó a esta unión temporal de empresas la autorización para iniciar las obras en Janubio para construir una planta potabilizadora, que había sido adjudicada por Inalsa, la empresa pública de aguas, en el año 2001. El Consejo Insular de Aguas, presidido entonces por Mario Pérez (presidente insular de CC actualmente), entendía que la gestión de la planta iba a ser privada y señalaba que no se permite que la producción de agua no sea de carácter público.
Precisamente esta misma semana se inauguraba una nueva planta desaladora de 4.000 metros cúbicos al día en Janubio, que será gestionada por Inalsa. Sobre la empresa pública de aguas, además de una gran deuda, pesa la amenaza de tener que pagar trece millones de euros a la UTE Edam Janubio por no respetar esa adjudicación de la planta. Fue un arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas quien determinó lo que la empresa pública debía pagar a FCC y la vista de este juicio se celebra el mes que viene.
Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente ha concedido a Inalsa una subvención de 2.621.753 euros. Se trata de la ayuda que anulmente concede el Gobierno de España para la producción de las plantas potabilizadoras que desalan agua de mar en Canarias. En esta ocasión, y respecto al ejercicio anterior, la subvención otorgada a Inalsa, se ha incrementado en unos 200.000 euros. Según la dirección de la empresa pública, el montante económico será recibido, por parte de la empresa pública de agua de Lanzarote, a finales de este año, y el mismo se destinará a cubrir parte de los costes de explotación de las plantas desaladoras.
ACN Press
