Según explica la Fundación César Manrique, tras varias sentencias anteriores en el mismo sentido emitidas por el TSJC en los últimos meses, la sala vuelve a estimar los argumentos de la FCM para anular la concesión de la licencia otorgada el 14 de mayo de 1999 por el Ayuntamiento de Teguise y vuelve a pronunciarse sobre la necesidad del Consistorio de contar con un informe jurídico de la licencia, teniendo en cuenta, tal como cita la sentencia, que "en este caso, además, se trataba de una licencia en el ámbito de un Plan Parcial no adaptado al PIOT y estando suspendido el otorgamiento de licencias, lo que hacía dicho informe más importante, si cabe".
Además, el Técnico Municipal advertía que "el proyecto técnico no cumplía con lo estipulado en el Plan Parcial en lo referente a volumen para el uso de apartamentos y solicitaba un estudio jurídico para saber si se podía conceder", pero dicho informe, nunca se emitió.
Por otra parte, la sala se pronuncia en torno a la necesidad de que el Ayuntamiento pidiera un informe de compatibilidad con el PIOT al Cabildo siendo "necesario e indispensable" el pronunciamiento de la institución. El hecho de que el Ayuntamiento no pidiera el informe conlleva "el carácter contrario a derecho de la licencia, puesto que infringe reiteradamente el procedimiento establecido".
Según la FCM, la sentencia es especialmente explícita a la hora de desmontar el repetido argumento de los Ayuntamientos sobre la presunta vulneración inconstitucional de la autonomía municipal. En este sentido, el fallo del tribunal señala que "la obligación de comunicación (de las licencias al Cabildo) en nada perturba a los Municipios para el ejercicio pleno y completo de sus competencias urbanísticas, pero facilita el ejercicio por el Cabildo de las suyas".
Concluye además el TSJC que "la emisión de informes de compatibilidad con el PIOT debe interpretarse dentro de esa idea o principio de facilitar el ejercicio por el Cabildo de sus competencias urbanísticas que, como dijimos, es plenamente compatible con el ejercicio por la Administración municipal de las suyas, lo que lleva a esta Sala a desechar cualquier duda de constitucionalidad".
Por tanto, según recuerda la FCM esta nueva sentencia sienta definitivamente la potestad del Cabildo para ordenar el modelo territorial y urbanístico de la isla, a través de instrumentos-citados en el texto del Tribunal- como "los Planes Insulares de Ordenación del Territorio, los planes Territoriales, o la información previa en los casos de aprobación, modificación o revisión del planeamiento general municipal, de los planes parciales y de determinados planes especiales, a lo que hay que añadir otras competencias en el ámbito de la gestión y la disciplina urbanística, que compatibilizan el respeto a la autonomía local con la satisfacción de los intereses supralocales".
Así, la Fundación opina que estos últimos fallos del TSJC "refrendan la oportunidad de las acciones judiciales emprendidas por la FCM y por el Cabildo de Lanzarote para defender la moratoria y el PIOT".
