El PSOE ha presentado alegaciones al Plan General de Yaiza, porque considera que el documento "es mejorable". "Los socialistas hubiéramos redactado otro documento totalmente distinto", ha señalado la secretaria general del PSOE en Lanzarote, María Dolores Corujo. Junto a ella, han estado presentes en la rueda de prensa el secretario de Organización, José Juan Cruz Saavedra, y la portavoz del PSOE en Yaiza, Elena López.
Corujo ha señalado que para el PSOE un objetivo "irrenunciable es garantizar el interés general". "La solución no puede limitarse a solventar los problemas particulares de unos pocos", ha insistido. Y es que, los socialistas "tienen claro" que la restauración de la legalidad de los establecimientos alojativos con licencias anuladas debe afrontarse, pero siempre "garantizando la compensación a la ciudadanía".
"Esta posibilidad existe y la pusimos en la mesa desde la Presidencia del Cabildo cuando presentamos una iniciativa legislativa para regularizar los hoteles con la condición de que se reparara el daño causado", ha recordado María Dolores Corujo que, no obstante, ha señalado que el PSOE "no rechaza otras fórmulas", pero lo que sí es "irrenunciable" es la "existencia de compensaciones al interés general".
En su intervención, Corujo ha destacado la necesidad de disponer de un territorio ordenado, "previsor con el futuro, sensible a las necesidades sociales y planificado para contribuir a la igualdad de quienes lo habitan". "Sin privilegios para los poderosos ni impunidad para quien conculca la Ley", ha defendido. Por ello, ha asegurado que los socialistas "actuarán con responsabilidad".
"Con la misma responsabilidad que en el pasado perseguimos judicialmente a los infractores, buscaremos fórmulas para minimizar el daño generado a la sociedad de Lanzarote por el quebranto de la legalidad", ha señalado.
Las alegaciones
En sus alegaciones, los socialistas critican la ausencia de solución a la situación que viven los vecinos y vecinas de Playa Quemada y El Golfo; la propuesta de compensación contenida en la disposición adicional quinta, que exige a los promotores con licencias anuladas un 15 por ciento del nuevo aprovechamiento derivado del aumento de la edificabilidad. En este sentido, el PSOE ha planteado que se exija un 20 por ciento.
También han presentado alegaciones para la regularización de zonas residenciales del interior a través de unidades de actuación, que supone para los propietarios la cesión del 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico.
