"El Hotel Papagayo Arenas, ubicado en la zona turística de Playa Blanca (Lanzarote), no ocupa zonas de dominio público, por lo cual no corresponde a la Dirección General de Costas ejecutar su expropiación o demolición". Eso es lo que el PSOE lanzaroteño ha salido a "puntualizar" este lunes en una nota de prensa, después de haber asegurado la pasada semana que Costas mantenía su intención de expropiar y demoler el hotel.
El anuncio de la expropiación se realizó de forma oficial hace casi tres años, en una visita a la isla del entonces director general de Costas, José Fernández, y poco después se publicó el anuncio oficial que daba inicio a este trámite. Sin embargo, una noticia publicada por el diario El País la pasada semana, y posteriormente unas declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, reflejaban un giro radical en el discurso. Espinosa, incluso, llegaba a afirmar que el hotel, declarado ilegal de manera firme por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cumplía las normas y que demolerlo sería como tirar un hotel en el centro de Madrid.
Sin embargo, y tras una reunión del secretario general del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino, y el diputado Miguel González, con la directora de Costas, Alicia Paz, [ los socialistas lanzaroteños aseguraron que la intención de la Dirección General de Costas seguía siendo la de derribar el hotel.->25667]
"Es obvio que este Ministerio no manejaba todos los datos con claridad", afirmaba González tras ese encuentro, añadiendo que una vez trasladada la información, "sus planes no son otros que la expropiación y demolición del hotel". Para ello, aclaraba que la intención era examinar la posibilidad de que se ejecutara previamente la sentencia del TSJC, para que "lo único que tenga que hacer este departamento sea comprar el suelo del hotel". Incluso, anunciaba que la Abogacía del Estado empezaría en los próximos días los trámites. "Costas está diciendo a la población que el litoral es de todos, que no se pueden hacer actuaciones particulares ni los pequeños, ni los grandes, ni los poderosos", afirmaba hace sólo cuatro días el diputado Miguel González.
Sin embargo, y pese a que en su día inició los trámites para esta expropiación, ahora los socialistas lanzaroteños salen a aclarar que esta medida "no corresponde" a la Dirección General de Costas. "Desde el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino se está de acuerdo en que el edificio pueda ser expropiado o demolido por parte de la administración competente para hacerlo, dado que existe una licencia que ha sido declarada ilegal por los Tribunales de Justicia", señalan, sin aclarar cuál es la administración competente para llevar a cabo ese derribo, pero dejando así claro que el Gobierno central no va a intervenir en el proceso. Eso sí, también agregan que "una vez que se produzca la demolición, el Ministerio está dispuesto a colaborar con las Administraciones Públicas competentes para restaurar la zona alterada".
Además, los socialistas lanzaroteños concluyen esta nota de prensa, muy diferente a la que remitieron la pasada semana a los medios, afirmando que "lamentan profundamente las informaciones inexactas que se han publicado sobre el asunto y esperan que estas puntualizaciones sirvan para fijar definitivamente la posición de la Dirección General de Costas y del Ministerio de Medio Ambiente sobre este asunto".
