Los socialistas de Lanzarote han criticado la decisión del Cabildo de promover la paralización del expediente para la desafección del frente litoral de Arrecife de un posible interés portuario, que comenzó a tramitarse en el año 2006.
El PSOE señala que si se frena el trámite iniciado, por el que se iba a declarar que la zona no es necesaria para usos portuarios, "el borde costero entre La Disa y el islote de La Fermina sería susceptible de ser intervenido con infraestructuras vinculadas al desarrollo del puerto".
Según los socialistas, "la nueva vuelta de tuerca a una decisión respaldada en su día por la ciudadanía y que devuelve a los vecinos de Arrecife el derecho al uso público de la costa, sólo puede esconder el primer paso hacia el desarrollo urbanístico del litoral". "Es indignante que con la excusa de poner en marcha pequeñas actividades de pesca, buceo y vela, quieran retrotraer un expediente cuyo fin es la devolución de la costa a su ciudad", ha señalado el secretario del PSC de Lanzarote, Carlos Espino.
Así, responde al anuncio realizado este martes por el grupo de gobierno del Cabildo, que sostiene que si se culmina el expediente, los terrenos desafectados pasarían a ser competencia de la Dirección General de Costas, y el resto seguiría bajo el control de la Autoridad Portuaria, por lo que "toda esa franja del litoral de Arrecife quedaría auspiciada por dos administraciones de ámbito estatal" y "no sería operativo a la hora de desarrollar actuaciones futuras, si fuera necesario".
Sin embargo, los socialistas responden que al quedar los terrenos bajo la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, se "protegería el borde costero de intervenciones agresivas".
Además, Espino recuerda que "es precisamente la Dirección General de Costas quien más propicia e invierte en proyectos vinculados al uso respetuoso y sostenible del litoral, como los que menciona el Cabildo para justificar este dislate", en referencia a los posibles usos náuticos de la zona.
El expediente para desvincular la bahía de Arrecife de posibles usos comerciales o industriales portuarios comenzó su tramitación en 2006, a solicitud de las corporaciones insular y capitalina ya que, según afirman desde el PSOE, "ambas entendían entonces que el litoral arrecifeño debía estar bajo su tutela".
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