Para el Partido Socialista de Lanzarote existe "una ausencia total de transparencia" en la gestión del actual grupo de Gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo. La negativa de la presidenta del Cabildo a entregar "un informe jurídico elaborado por la oficina del PIOT en relación con el Plan Territorial Especial (PTEOT), que, al parecer, pone en evidencia el emitido por GESPLAN a instancias de la primera Corporación", es para los socialistas uno de los ejemplos del "oscurantismo" que "se adueña" de la máxima Institución.
A juicio de los socialistas, la "opacidad de la gestión" de Inés Rojas y Mario Pérez se ha incrementado en los últimos meses, ante la inminencia de la campaña electoral". Sobre esta situación, denuncian que la Presidenta se opone a que "Intervención informe sobre si el documento elaborado por la consultora KPMG se adecuó o no al pliego de prescripciones administrativas y técnicas elaborado por técnicos del Cabildo y al propio contrato redactado para la ejecución de la auditoría de los Centros".
Creen, además, que hay falta de información sobre si existe resolución o no que justificara en su día la solicitud de un "informe relativo a dos hoteles de Playa Blanca, a los que se negó autorización turística y de funcionamiento" y si estos informes "estaban unidos a los correspondientes expedientes del departamento de Ordenación Turística del Cabildo".En cuanto a este asunto, exigen que se explique por qué, entonces, un representante legal de uno de los mencionados hoteles, "en un pleito con la Comunidad Autónoma citó uno de dichos informes, haciendo alusión al letrado emisor del mismo, fecha y número de folio".
También consideran que el vicepresidente primero, Mario Pérez, debe dar cuenta en el Consejo de Administración de INALSA de las "cuentas, gastos de tarjeta de crédito y sueldos o gratificaciones que se han pagado dentro de Eólicas de Lanzarote, entidad participada mayoritariamente por Inalsa y de la que es máximo responsable el marido de la alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz".
El PSOE acusa, de esta manera, al grupo de Gobierno de omitir información con "el fin de ocultar acciones de dudosa legalidad ante la ciudadanía" y considera que "secuestra información que debería estar a disposición de todos los consejeros".
