El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, ha asegurado que no ha recibido "ningún estudio ni comunicación" por parte del Cabildo de Lanzarote, pese a que el Consejo de Gobierno del Cabildo acordó en mayo remitirle las dos propuestas que se han presentado para regularizar los hoteles, es decir, la de Luciano Parejo, y la iniciativa legislativa presentada por el PSOE. "En caso de recibirlo, me pondría en contacto con la sala de lo contencioso-administrativo correspondiente, la que lleve la ejecución de esas sentencias, y le instaría a que llevaran a cabo la ejecución o la solicitaran cuanto antes", ha remarcado.
Precisamente, sobre la ejecución de sentencias de los hoteles ilegales de Lanzarote también se ha pronunciado la vocal territorial del Consejo General del Poder Judicial para Canarias, Inmaculada Montalbán, que ha señalado que "los fallos son claros", pese a que en la mayoría de casos se habla de "restablecer el orden anterior" a la construcción de la planta hotelera. "Lo que hay que hacer es volver a la situación hacia atrás, reponer las cosas en su estado anterior. Cuando alguna administración tiene dudas sobre estas ejecuciones, normalmente acude al tribunal y le pide indicaciones", ha afirmado.
Además, ha recordado que los ayuntamientos están "obligados" a ejecutar estas sentencias "porque es un mandato judicial". "Ineludiblemente está obligada a ejecutarlo. Y si tiene alguna duda de cómo hacerlo, tiene que pedir información al tribunal", ha vuelto a insistir Montalbán.
Asimismo, la vocal del CGPJ también ha señalado que, en el caso de Vicente Bartolomé Fuentes y Pablo Carrasco Cabrera, los dos técnicos de Yaiza condenados por un delito continuado de prevaricación urbanística, la Justicia "no está legitimada para exigir la salida del cargo" de estos dos funcionarios "hasta que la sentencia condenatoria sea firme". "En el ámbito de la administración existen otro tipo de medidas, pero depende de cada administración cómo las articule", ha matizado.
En el caso del Ayuntamiento sureño, cabe recordar que pese a la condena a estos técnicos, la alcaldesa ha defendido su inocencia y no les ha apartado de su cargo, alegando que la sentencia no es firme. "Entiendo que pueda chocar que una persona condenada puede mantenerse en el ejercicio de su responsabilidad, pero los procedimientos llevan sus tiempos y al final se ejecutan las sentencias", ha defendido Inmaculada Montalbán.
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