ACN
El Parlamento de Canarias rechazó ayer una Proposición de Ley del Partido Popular (PP) que pretendía ampliar en dos años el plazo establecido por la Ley de Directrices de Ordenación y Turismo para la adaptación a la misma de los instrumentos de planeamiento insular. La propuesta -de cuya defensa se retiraron los Grupos de Coalición Canaria y Mixto, que votaron en contra, junto con el Socialista, dejando sólo al PP- planteaba incrementar de dos a cuatro años el periodo para que los instrumentos de ordenación insular ya adaptados a las Directrices estuvieran aprobados inicialmente, y de tres a cinco años para los de ordenación insular, los planes y normas de espacios naturales y los planes territoriales de ordenación.
Además, añadía la posibilidad de que el Gobierno de Canarias otorgase una prórroga adicional de un año, cuando una Administración lo solicitase justificadamente y hubiera comenzado el expediente de adaptación.
El Grupo Popular defendía que, en caso de incumplimiento, sería nula de pleno derecho la aprobación de planes territoriales o plan urbanístico de desarrollo de dichos instrumentos, y que tampoco se pudieran alterar las determinaciones del planeamiento en los suelos urbanizables y urbanos no consolidados por parte de la administración afectada.
El portavoz popular, Jorge Rodríguez, criticó el "descuelgue" de los nacionalistas como proponentes conjuntos del texto, y alertó de las "graves consecuencias" de no prosperar la aprobación de la prórroga una vez superados los plazos previstos, que pasan "una parálisis de dimensiones incalculables para el desarrollo socio-económico de las Islas, quebrando además el principio de sostenibilidad en que se inspiran las propias Directrices".
Rodríguez recordó que toda intervención en el territorio debe estar acogida en un instrumento de planeamiento, de tal forma que "no es posible materializar ninguna actuación sin la previa aprobación de un plan territorial especial de desarrollo de los planes insulares", lo que afectaría, a su juicio, tanto a carreteras insulares infraestructuras de transporte, producción de energía y telecomunicaciones, además de afectar al desarrollo turístico, y a iniciativas del propio Ejecutivo regional y del Estado. "Todas estas actuaciones quedarían bloqueadas sine día porque los planes territoriales especiales son requisito previo indispensable para su ejecución", aseguró, lo que acarrearía igualmente una paralización escalonada del planeamiento municipal, "pese a que disponen de un año más para adaptarse".
El diputado argumentó que no hay ningún plan o instrumento de ordenación que se haya adaptado a las Directrices y abogó por la anulación de los efectos paralizantes del incumplimiento de la obligación de adaptación, porque le parece una consecuencia "desproporcionada", teniendo en cuenta, además, escueto plazo que se otorgó.
