El Grupo Parlamentario Popular del Senado ha sacado adelante, en el pleno celebrado la semana pasada, la toma en consideración de una proposición de ley para modificar la Ley de Costas de 1988. El objetivo de esta medida es "salvaguardar el tejido productivo y cientos de miles de puestos de trabajo, sin rebajar la protección de las costas".
La senadora del Partido Popular por la Comunidad Autónoma de Canarias, Loly Luzardo, señala que aunque dicha Ley nació para proteger más de 7.800 kilómetros de costa, "se olvidó de valorar la realidad física, económica, patrimonial y social de las propiedades afectadas, así como de las concesiones en vigor".
Además, la aplicación de la Ley durante todos estos años ha demostrado que su puesta en práctica "ha sido totalmente arbitraria, cometiendo abusos con los más débiles", según denuncia Luzardo. En este sentido, la senadora afirma que la Ley de Costas "condenó a muerte a miles de proyectos e inversiones, fijando su fecha de caducidad para el 29 de julio del año 2018".
Por ello, desde el Partido Popular se propone una reforma que sólo afecta a las disposiciones transitorias de la Ley y que permite la valoración de todos los criterios de sostenibilidad. La propuesta del PP introduce "más garantías jurídicas a los afectados", e incluye un instrumento de planificación específico que estudie cada caso y que tenga en cuenta criterios técnicos de sostenibilidad en cada una de las concesiones, según informa el partido a través de un comunicado.
Los populares exigen la continuidad de las concesiones existentes hasta la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, hasta que no se elabore un instrumento de planificación específico que determine qué usos son o no compatibles con la protección del litoral. Además, piden que en estos procesos estén implicados la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y los municipios afectados.
"El fracaso de la Ley de Costas"
Loly Luzardo considera que la Ley de Costas "ha fracasado" tras 22 años de vigencia, así como por "la arbitrariedad de su aplicación". "La Ley se está ejecutando sólo con los más débiles, pues para defender su derecho en sede judicial, tanto los propietarios como los concesionarios deben hacer frente a costosos informes periciales que muchos no pueden permitirse", indica.
En este sentido, la senadora popular denuncia las "incoherencias" del Gobierno central, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero que, según asegura, "salva aquellas concesiones que le dan rédito político, como es el caso de Petronor, que ha visto como se prorrogaba su concesión gracias a una enmienda del PNV en la Ley de Economía Sostenible".
Desde el Grupo Popular del Senado afirman que la Ley de Costas "ha abocado a los tribunales a todos los afectados que han tenido medios económicos suficientes para defender sus derechos legítimamente adquiridos". "Una Ley que ha provocado una judicialización sin precedentes debe llevarnos a la reflexión y a reconocer que la aplicación de la Ley de Costas, lamentablemente, ha sido un fracaso", apuntan.
Por último, los populares subrayan que la proposición de ley pretende introducir "justicia y sensatez" ante este problema, y recuerdan que recientemente un grupo de europarlamentarios propuso congelar los fondos europeos destinados a España hasta que no se abordaran las reformas para acabar con "la inseguridad jurídica de la actual Ley de Costas".
