Además de pedir que el secretario informe sobre la presunta prevaricación en la que creen que podría haber incurrido la presidenta con su actuación, al enviar la misiva al Gobierno de Canarias sin tener en cuenta los informes técnicos y la resolución de Patrimonio Histórico aprobada por el Pleno, el Partido Popular pide que se informe de la situación actual del expediente, del proceso de tramitación que se ha seguido, los plazos a los que se somete su aprobación y cuándo se estima que se vaya a proceder a la misma. La moción también contempla que se acuerde pedir a Inés Rojas y los dos vicepresidentes, Mario Pérez y Manuel Fajardo, su comparecencia ante el Pleno, para explicar los motivos de la solicitud al Consejo de Gobierno.
Pero aunque la presidenta sigue manteniendo que ella consultó su decisión con los vicepresidentes, el consejero Carlos Espino asegura que Manuel Fajardo no tuvo conocimiento de la misiva hasta que ya se había enviado. Al parecer, el vicepresidente interpretó la solicitud como "un error político" y le informó que corría el riesgo de que el expediente caducara, apreciación que llevó a Inés Rojas a enviar una segunda carta en la que pedía que si había posibilidad de que los plazos para la tramitación del expediente de BIC se cumplieran, su escrito no tuviera efecto.
Desde el PSOE, según apunta Carlos Espino, se han desmarcado de la actuación de la presidenta, "nosotros en ningún caso vamos a avalar su decisión" y consideran que "a quien le corresponde justificar delante de la ciudadanía esa decisión es a quien la ha tomado". Pero además deja claro que el Grupo de Gobierno "tendrá que terminar de analizar" la cuestión y "arreglarse internamente para que este tipo de cosas no se vuelvan a producir".
Además, Carlos Espino afirma que no conoce el contenido de las segundas alegaciones presentadas por la Autoridad Portuaria, las que llegaron a Presidencia el 31 de julio y motivaron la actuación de Inés Rojas, y por tanto no sabría decir si son las mismas que habían sido rechazas anteriormente, pero sí mantiene que "el plazo que tenía Puertos para presentar alegaciones estaba más que cubierto y ya se le había contestado en tiempo y forma".
