La diputada lanzaroteña del Grupo Parlamentario Popular, Astrid Pérez, exigirá este miércoles al ejecutivo regional "que diga con claridad qué soluciones ha planteado para acabar con la situación de emergencia en la que se encuentra el sistema de protección de menores extranjeros no acompañados".
Para Ástrid Pérez "es fundamental que la consejería de Políticas Sociales informe de los recursos y medios con los que piensa hacer frente a la crisis que se ha generado en Canarias, especialmente en la isla de Lanzarote, y Fuerteventura en segundo término, ante la llegada masiva de inmigrantes irregulares en los pasados meses de septiembre y octubre".
"La situación en Lanzarote es alarmante por el número de menores que se están acogiendo y la incapacidad real de acogida que está teniendo el Cabildo debido a la falta de medios y espacio", denuncia la diputada, que resalta además que "es el Gobierno de Canarias el que tiene realmente la competencia y la tutela de los menores". A pesar de ello, apunta, "es el Cabildo insular el que a día de hoy está financiando íntegramente el servicio".
Retrasos para derivar a los menores tras las pruebas
Pérez recuerda que desde el mes de abril hasta el pasado 29 de noviembre, Lanzarote ha recibido la llegada de 273 inmigrantes, mientras que el número de pateras "también se ha disparado", algo que achaca a las "las políticas migratorias y el efecto llamada del Gobierno socialista de Pedro Sánchez".
Astrid Pérez insiste en que la realidad de la migración en la isla "es muy preocupante si se tiene en cuenta de que a día de hoy, de los 140 menores que han llegado, 70 siguen en los centros". "De ellos, 24 disponen de reconocimiento de minoría de edad pero de momento no han sido derivados", afirma.
La parlamentaria conejera también expone su "preocupación" por el "alto número de menores" que afirma que se han "fugado de los centros de acogida", porque "no se sabe cuál es el presente y futuro de esos menores, sin recursos económicos, sin papeles y sin techo, y las posibles consecuencias que podría suponer para la convivencia".
Astrid Pérez confía en que la consejera de Políticas Sociales del Ejecutivo canario sea capaz de dar "una respuesta real a un problema real que podría agudizarse aún más".
