La diputada del Grupo Popular del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, exigirá al Gobierno de Canarias en el próximo pleno la "modificación inmediata" del decreto del alquiler vacacional, tras haber sido anulado parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Astrid Pérez señaló que la sentencia TSJC supone "un varapalo judicial al Gobierno de Canarias, al desarmar el núcleo del decreto del alquiler vacacional aprobado con nocturnidad y alevosía por parte del gobierno de CC y PSOE en la pasada legislatura, apenas 15 días antes de celebrarse las elecciones autonómicas".
"El presidente Clavijo y Coalición Canaria deberían dejar de pensar en seguir mareando la perdiz y empezar a trabajar a favor de los intereses generales del sector, adaptando la regulación del alquiler vacacional a la situación que rige en todos los mercados turísticamente desarrollados", sostiene la diputada lanzaroteña.
"Satisfacción" por la sentencia
Además, Pérez ha mostrado su "satisfacción" por "una sentencia que avala las tesis que el Partido Popular de Canarias ha mantenido desde el minuto uno, por la arbitrariedad del Decreto" que regula el alquiler vacacional en el Archipiélago.
Astrid Pérez recordó que a principios de 2016 los socios del gobierno, CC y PSOE, rechazaron una PNL en la que,según defiende, "los puntos a modificar coincidían casi al 100% con la sentencia del TSJC". "En esa iniciativa pedíamos que se incorporara en la modificación de la norma la regulación de las viviendas vacacionales por su condición de viviendas y no en función del tipo de suelos o planes urbanísticos y la inclusión del "Bed&Breakfast" (alquiler de habitaciones) como una modalidad más de alojamiento turístico", recuerda Ástrid Pérez.
La diputada del PP por Lanzarote recordó al Gobierno de Canarias y al partido que lo apoya "que en estos momentos están en minoría", y que el PP "buscará sumar voluntades políticas en la Cámara con el fin de que no se siga frenando la modificación de la regulación del alquiler vacacional".
"Procuraremos impedir que se mantenga una norma que obstaculiza la readaptación del modelo de desarrollo turístico, amenaza la libertad de empresa y causa enormes perjuicios a miles de familias canarias que se ganan la vida con el alquiler vacacional", finalizó la parlamentaria popular.
