La parlamentaria regional y presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, ha mostrado su rechazo a los nuevos recortes que el Gobierno de Canarias ha aplicado en las prestaciones del Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Valterra, donde ha suprimido uno de los dos turnos de mañana. Pérez se suma así a las críticas del CSIF y destaca que "este nuevo recorte perjudica la correcta prestación de los servicios sanitarios de la isla, ya que una vez más el Gobierno de Canarias vuelve a cargar el peso de la asistencia sobre los trabajadores" del Servicio Canario de Salud.
"Los trabajadores sanitarios llevan años supliendo con su dedicación, vocación y profesionalidad las múltiples y graves carencias que presenta la sanidad en Lanzarote, y lo que no es de recibo es que se aumente todavía más la carga de trabajo que ya soportan, menos aún en un servicio como el de Urgencias".
La parlamentaria argumenta que "por mucho esfuerzo que puedan realizar los trabajadores, es imposible mantener la calidad que merecen los usuarios de un servicio tan delicado como Urgencias". Pérez incide en que el de Valterra es "uno de los servicios de urgencia extrahospitalarios más importantes de la isla", por lo que "es imprescindible mantener los recursos disponibles, y más aún en época estival, cuando se dispara el volumen de población flotante en Lanzarote",
"La situación se torna asfixiante para los profesionales"
Pérez argumenta que es "imposible mantener las Urgencias de Valterra con un solo turno de un médico y un enfermero, porque la situación se torna asfixiante para unos profesionales que no pueden ni abandonar el servicio un momento para comer".
"Estamos ante un consejero que como sus antecesores, promete mucho pero ejecuta poco porque en el último semestre del año nos encontramos prácticamente con los mismos problemas y deficiencias como es el caso del Centro de Salud de Argana, el Hospital Insular, pendiente de integración, o las interminables listas de espera".
"Qué tranquilidad y garantías pueden tener los ciudadanos ante una consejería de Sanidad y un Gobierno de Canarias que ni siquiera tiene control sobre las listas de espera de las que aparecen y desaparecen hasta 130.000 pacientes", se pregunta Astrid Pérez.
