El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Tías, José Francisco Hernández, espera que el equipo de gobierno asuma las propuestas planteadas por su partido y por Coalición Canaria en la convocatoria del Pleno Extraordinario solicitado y se celebrará el próximo lunes, 14 de abril. En la citada sesión figuran ocho puntos en el orden del día que giran en torno al tema del catastro, la posible ilegalidad de la ordenanza que regula las actividades mercantiles fuera de los locales y la rebaja de impuestos.
Hernández ha querido destacar la importancia de este pleno para los intereses de los vecinos del municipio de Tías, en tanto en cuanto, son muchísimos los que se han visto afectados por los nuevos valores catastrales, "absolutamente desproporcionados". En este sentido, el Partido Popular insiste en la importancia de disponer de una oficina en la que los ciudadanos puedan recibir toda la información que precisen al tiempo que el Ayuntamiento exige a la Dirección General del Catastro que revise los valores que se han llevado a cabo.
En cuanto a la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles, la propuesta que defienden los ediles del PP es muy clara. Quieren que se baje del 0,63 al 0,40. Un tipo impositivo que claramente es más justo para los contribuyentes y al que habría que sumar bonificaciones del 90% tanto para pensionistas como para familias numerosas.
ORDENANZAS MUNICIPALES
El Pleno también deberá pronunciarse sobre la propuesta que planean los dos grupos de la oposición para que se reduzca la presión fiscal a las actividades comerciales de Puerto del Carmen que se están viendo afectadas por las obras de larga duración que se realizan en la vía pública.
El orden del día se completará con dos propuestas sobre la Ordenanza Municipal que regula la utilización privativa o aprovechamiento especial en terrenos de uso público, para mesas y sillas con finalidad lucrativa y sobre el ejercicio de actividades mercantiles fuera de establecimientos comerciales.
Para el Partido Popular es fundamental que se anulen los procedimientos tramitados hasta ahora y que se paralice la apertura de nuevos expedientes, salvo que afecten a zonas de dominio público. Los populares entienden que hasta que no se despejen todas las dudas sobre su posible ilegalidad, esta ordenanza debería quedar en suspenso.
