La crispación política con la que el pasado mes de julio se aprobaba el polémico Plan Especial del Puerto de Arrecife, que salió adelante con los votos en contra de toda la oposición ha desembocado, como era de prever, en la presentación de recursos por parte de los partidos de la oposición. Al recurso de reposición de Alternativa Ciudadana se suma el presentado por el Grupo Popular, que en la mañana del lunes pedía ante la corporación la revocación del Plan, ya que consideran que no se adecúa a la normativa vigente medioambiental ni cuenta con una evaluación ambiental de las modificaciones introducidas. El PP ha anunciado que si no se impugna el documento "no descartan seguir poniendo recursos e incluso llegar a un contencioso administrativo".
"Consideramos que se ha entregado la zona más delicada del Puerto de Arrecife a la Autoridad Portuaria y a la iniciativa privada, desplazando el interés general a los intereses particulares", explicaba Loli Luzardo, concejal del PP por el ayuntamiento de Arrecife en la exposición de los motivos por los que piden la revocación del acuerdo plenario. Además, creen que "copia el modelo de desarrollo urbanístico y especulativo impuesto por la Autoridad Portuaria en el resto de Canarias, sin tener en cuenta los valores de la marina de Arrecife". Para los populares el motivo de la impugnación se debe no "sólo a los defectos legales" en los que ha incurrido la aprobación del Plan "sino a los perjuicios expuestos para la ciudad de Arrecife".
Entre las alegaciones consideran que en el documento hay una ausencia de calificación como sistema general portuario de la zona de servicio que afecta al documento de ordenación jurídica y urbanística del Puerto, que se ha elaborado en base a la Adaptación básica, y ésta, según reconocen la misma alcaldesa, María Isabel Déniz, y Nuria Cabrera, está llena de errores. "Cada vez que se toma una decisión se contemplan éste y el Plan General del 98 y si hay supuestos contradictorios no se toma decisión", denuncia la concejal del ayuntamiento.
Otro de los motivos es la ausencia del informe jurídico preceptivo de la secretaría del Ayuntamiento. Según la concejal popular "la secretaría hizo un informe en el que se hace una relación de preceptos legales pero no en la adecuación normativa del documento". De igual modo, la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) no presentó informe, y el Cabildo entregó el suyo un día antes de la finalización del plazo. "Con la prisa que ha tenido el gobierno para tratar de eludir la ley sobre evaluación ambiental, no esperaron a que llegara el informe de la COTMAC, y la legislación canaria es muy clara en ese sentido y obliga a que las instituciones implicadas en el asunto emitan su informe", expone Loli Luzardo.
También, creen que las modificaciones producidas entre la aprobación inicial y definitiva del PEPA "suponen un cambio sustancial y estructural de tal calibre que requiere la retroacción de las actuaciones y un nuevo periodo de información pública". Igual que contempla Alternativa Ciudadana en su recurso de reposición, creen necesario que se vuelvan a evaluar los cambios dando opción a que los partidos puedan presentar alegaciones, ya que las modificaciones que se produjeron "responden a intereses comerciales, de ocio y turísticos".
En el expediente, además, contemplan como motivo el incumplimiento de la normativa especial sobre protección ambiental de estudios de impacto. El PP califica de "desprecio" a la actuación del grupo de gobierno al aprobar un plan que, creen, infringe la normativa medioambiental y consideran que "si se hubiera atenido a ésta, no hubiera salido adelante". El grupo popular también ha recriminado que no hayan tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas por los partidos políticos de la oposición y ha anunciado su intención de seguir presentando recursos si el grupo de gobierno no toma éste a consideración.
