El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teguise, Jonás Álvarez, ha denunciado el "ocultamiento, la falta de transparencia y la irresponsabilidad con la que el alcalde Oswaldo Betancort ha llevado un tema tan delicado como el de la sentencia condenatoria que anula la adjudicación del servicio de basura del municipio, por las graves repercusiones económicas que podría tener para el Consistorio".
"Aunque esta sentencia no reconoce efectos indemnizatorios a la empresa recurrente, si es posible que se pueda incorporar en una fase posterior si la empresa presentara ahora una reclamación patrimonial por daños y perjuicios basándose en la misma", expone el edil, que apunta que, en ese caso, "se podría determinar una indemnización por el beneficio industrial perdido, del 6% del precio de adjudicación del contrato, lo que supondría más de un millón de euros".
Y "de producirse este hecho supondría un desequilibrio sustancial de los presupuestos municipales aprobados el pasado mes de enero, poniendo en riesgo la salud financiera y servicios esenciales para el municipio", afirma.
"Lo que han hecho es una marrullería más de las suyas"
Álvarez critica que" el gobierno municipal haya mantenido este asunto de espaldas a los grupos de la oposición y que no fuera hasta el último pleno cuando llevara, por la vía de urgencia, la propuesta para acatar la ejecución de sentencia" sin que, tal y como denunció el concejal del Partido Popular, "se hubiese facilitado toda la documentación del expediente", motivo por el cual solicitó que se dejara sobre la mesa "hasta tener toda la información, negándose el alcalde a posponer el acuerdo, conculcando con ello el derecho que asiste a la oposición".
Álvarez reprocha además que "el grupo de gobierno tuviese conocimiento de la sentencia desde junio de 2018 y que la haya mantenido oculta durante todos estos meses pues ni siquiera cuando se notificó la obligación de ejecutarla se informó de la misma"."Oswaldo Betancort ha actuado "de mala fe y de forma irresponsable al guardar la sentencia en la gaveta hasta el último momento", ha señalado el edil del PP, criticando que haya sido "ahora deprisa y a la carrera cuando pone en evidencia el problema llevándolo a pleno por el trámite de urgencia".
Álvarez ha cuestionado "de forma contundente" el "secretismo del alcalde poniendo nuevamente el riesgo la aprobación de los presupuestos municipales como ya ocurrió con la sentencia de Caleta de Caballo". "Lo que han hecho es una marrullería más de las suyas, porque son ellos, el alcalde y el concejal de Hacienda, los que han creado el problema y los que han optado por taparlo pensando que se iba a resolver solo", ha asegurado.
Recuerda que la primera sentencia se dictó en 2017
Al respecto, desde el PP recuerdan que la primera sentencia anulando la adjudicación del servicio se dictó en marzo de 2017 cuando se estima el recurso presentado por una de las empresas concurrentes y se apunta que el procedimiento debía retrotraerse al momento de la valoración de las ofertas por un vicio de nulidad.
Según la información a la que ha podido tener acceso el concejal del Partido Popular, una vez celebrado el pleno, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias demuestra claramente que "desde el inicio del proceso de contratación/adjudicación se estaban haciendo las cosas mal". Entre otras cuestiones, ha apuntado que "la sentencia cuestiona la salida que le dio el ayuntamiento al tema del IPC en las ofertas". "Y es que si bien en los pliegos de condiciones no se incluía nada referente al IPC, sí lo hizo la que finalmente resultó adjudicataria", ha señalado.
A este respecto, ha indicado que la sentencia señala que "la administración ante la existencia de dos propuestas que lo incluyen (IPC) de mutuo propio, lo que hace es, alejándose del Pliego de Contratos de las Administraciones Públicas, aplicarlo al resto de propuestas en base a un principio de igualdad que desde luego no justifica el apartamiento de las pautas señaladas en los pliegos", y por tanto se "considera que la valoración ya está viciada desde el inicio al haberse producido una clara discordancia entre los criterios manifestados en el pliego de cláusulas".
