El juez Rafael Lis está citado este miércoles por tercera vez para comparecer ante el Consejo General del Poder Judicial, dentro del expediente disciplinario que se le abrió hace dos meses por una posible falta "muy grave". Inicialmente, Lis fue citado el 4 de mayo, pero no compareció. El juez, que es titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, está de baja desde hace meses y ni siquiera se le pudo localizar para notificarle la resolución del Consejo. Entonces se fijó una nueva fecha, para el día 25 de mayo, pero el juez tampoco acudió. Por eso, se volvió a cursar una nueva citación para este miércoles 22 de junio, en un tercer intento de que Lis comparezca ante el responsable de la acción disciplinaria del CGPJ.
Este expediente es el segundo abierto por el Consejo contra Rafael Lis. El primero se le abrió el pasado mes de octubre, por haber tenido "paralizada" durante dos años una denuncia que llegó a su Juzgado contra el empresario Luis Lleó, por alzamiento de bienes. Después, el Consejo le abrió este segundo expediente por su intervención en otra causa relacionada también con Lleó. En este caso, el empresario aparece como supuesto "perjudicado", pero el procedimiento se inició por una denuncia del juez César Romero Pamparacuatro, que consideraba que podían haberse sustraído algunos autos y providencias originales del caso Unión.
Tres meses después de que la causa llegara a su Juzgado, concretamente en mayo de 2014, Rafael Lis permitió que se personaran como "perjudicados" varios acusados del caso Unión: el propio Luis Lleó, Felipe Fernández Camero y Dimas Martín (que según señaló después la Audiencia, eran "los máximos sospechosos" de los hechos denunciados por Pamparacuatro). Y solo entonces Lis empezó a tramitar el procedimiento -en el que también se personó después Juan Francisco Rosa-, dictando un auto para abrir diligencias previas, que terminaron convirtiéndose en una especie de investigación sobre la instrucción del caso Unión.
Después, cuando el juez fue recusado y tenía obligación de apartarse de la causa, tramitó un escrito de Luis Lleó. Concretamente, una "ampliación de la denuncia" que presentó Lleó justo al día siguiente de recibirse en el Juzgado el incidente de recusación contra el magistrado. Y lo que hizo Lis fue separarla de la causa y después abrir unas nuevas diligencias, que siguió instruyendo él personalmente. Y lo siguió haciendo incluso después de que la Audiencia Provincial resolviera su recusación, concluyendo que el magistrado debía apartarse de la causa porque tenía un "interés indirecto" en ella, dado que su esposa ejercía como abogada de uno de los acusados en el caso Unión, Juan Francisco Rosa.
Lis negó que "el objeto" de ambas causas fuera el mismo
Cuando el Consejo General del Poder Judicial empezó a investigar estos hechos, Lis negó que ambas causas (la inicial -en la que fue recusado- y la que después separó con la denuncia de Lleó) tuvieran el mismo objeto. Según sostuvo Rafael Lis en un escrito respondiendo a un requerimiento del Consejo, en el primer procedimiento "el objeto procesal estaba limitado a la denuncia (interpuesta por César Romero Pamparacuatro) por la presunta sustracción y/o extravío de unas determinadas resoluciones judiciales que no se hallaban firmadas por el juez de instrucción".
Sin embargo, en uno de sus autos, el propio juez señalaba que el objeto de esa primera causa era investigar un "presunto delito de falsificación de documentos públicos e infidelidad en la custodia de documentos por funcionario". Es decir, algo que nada tenía que ver con la denuncia inicial de Pamparacuatro, y sí con la posterior "ampliación de denuncia" de Lleó. De hecho, en la segunda causa, Lis afirma que investiga "un delito continuado de falsedad en documento público", entre otros, y señala como "investigados o denunciados" al secretario judicial y a agentes de la UCO.
La resolución del Consejo, firmada por el promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, concluía que "Lis ha llevado a cabo actuaciones en el trámite del incidente (de recusación) y en el conocimiento de la causa principal que pudieran ser susceptibles de reproche disciplinario". Por eso, ordenaba abrir este expediente "para depurar las correspondientes responsabilidades disciplinarias en las que el magistrado haya podido incurrir". Sin embargo, aunque debía haber comparecido ante el Consejo hace ya mes y medio, todavía no se ha producido esa declaración del juez, que este miércoles vuelve a estar citado en Madrid, pudiendo acudir acompañado de un abogado.
Intentos de frenar el caso Unión
La causa que instruía Lis en su Juzgado, tanto la original como la que después separó del procedimiento principal, ha sido utilizada por varios imputados para intentar frenar el caso Unión, que tiene ya tres condenas, dos de ellas firmes, con sentencias que han validado la instrucción. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado otras querellas presentadas por Lleó contra el juez, el fiscal, el secretario y los agentes de la UCO que iniciaron este procedimiento, al no encontrar motivos para admitirlas siquiera a trámite. Sin embargo, sí se mantuvo abierta una investigación en el Juzgado de Lis, que ni siquiera tiene competencias para investigar a otro juez o a un fiscal. Por eso, a quien denunció Lleó en ese Juzgado es al secretario y a los agentes de la UCO.
Tras separar la denuncia de Lleó, Lis supuestamente la envió al Decanato de los Juzgados, para que se procediera a su reparto al Juzgado que correspondiera. Sin embargo, según informó el secretario del Juzgado Decano de Arrecife, el escrito "carece de sello de entrada en el Decanato" y "no consta" el reparto de esa denuncia, que terminó volviendo al Juzgado de Rafael Lis. Además, el número de diligencias no coincide con el de los asuntos que salieron del Decanato en la fecha en la que supuestamente se turnó ese escrito de Lleó. De hecho, el procedimiento que volvió al Juzgado de Lis tiene un número de diligencias posterior, incluso, al de asuntos salidos del Decanato ocho días después.
Además, el juez estuvo tramitando este procedimiento "de espaldas" al Ministerio Fiscal durante meses, según advirtió la Fiscalía cuando finalmente tuvo conocimiento de estas diligencias y presentó una nueva recusación contra el magistrado. En su escrito, el Ministerio Público advertía de que esa causa tenía "el mismo objeto" que la anterior, y que por tanto el juez no había atendido "el mandato legal" de apartarse del procedimiento.
Tras esta segunda recusación, Lis dictó un auto el 12 de noviembre, rechazando admitirla a trámite. La Fiscalía presentó entonces un recurso contra ese auto, pero cuando el Consejo decidió abrir este expediente para investigar su actuación, descubrió también que aún no se le había dado traslado a la Audiencia Provincial para que lo resolviera. Ahora, el juez deberá responder de todos estos hechos ante el CGPJ.
