El presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Pedro San Ginés, ha abordado este viernes las condiciones que rigen el concurso público por el cual se va a externalizar la gestión del Ciclo Integral delAgua en Lanzarote y La Graciosa. En primer lugar, el presidente ha asegurado que las condiciones de esta privatización "impiden el aumento de las tarifas durante los próximos cuatro años".
San Ginés ha comparecido acompañado por el vicepresidente primero del Cabildo, Joaquín Caraballo, y el gerente del Consorcio del Agua, Iván Ranz. Así, ha detallado los requisitos y condiciones que deben cumplir las empresas que presenten ofertas en esta licitación. Según San Ginés, el pliego de condiciones "es inédito por las extraordinarias condiciones que proponen para la administración pública".
En este sentido, "para la tranquilidad de los más de 65.000 abonados" de Inalsa, San Ginés ha confirmado que aunque el servicio sea gestionado por "un tercero", "no significará un aumento de las tarifas". Por contra, según se ha informado, el pliego de condiciones "recoge la imposibilidad de incrementar las actuales tarifas de abastecimiento y saneamiento durante los próximos cuatro años".
El presidente ha señalado que, "sólo a partir de 2017, el futuro concesionario tendrá la posibilidad de proponer al Consorcio del Agua de Lanzarote un aumento limitado exclusivamente al IPC y la subida que en ese momento se haya producido en la tarificación eléctrica".
La futura empresa adjudicataria tendrá que pagar un canon fijo de 50 millones de euros, afrontar una inversión de 15.700.000 euros mediante un Plan de Inversiones, y cuatro cánones variables que supondrán para el Consorcio del Agua en un ingreso anual de más de 1,5 millones de euros al año. "Sin lugar a dudas estas condiciones han sido posibles por dos razones. Por un lado, como consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país y, por el otro, al régimen de casi monopolio en el que actúa Inalsa", han señalado a través de un comunicado.
Compromiso con el empleo
Las empresas aspirantes a esta licitación tienen la obligación de subrogar los contratos de los más de 150 trabajadores que actualmente tiene Inalsa, "manteniendo la antigüedad y los derechos laborales adquiridos". Además, el futuro concesionario deberá asumir el personal que trabaja actualmente para la empresa Aguas Filtradas, subcontrata de Inalsa y cuyo contrato fue declarado nulo de pleno derecho por el propio Consorcio.
Sobre este aspecto, San Ginés ha especificado que se han realizado "todos los esfuerzos posibles por incluir en los Pliegos, redactados por una empresa especializada aunque con la aportación de los profesionales de Contratación, Intervención y Servicios Jurídicos del Cabildo, las demandas y las solicitudes que en diversas ocasiones se plantearon desde los Comités de Empresa de Inalsa y Aguas Filtradas, logrando finalmente asegurar, en principio, estos puestos de trabajos".
"Podemos manifestar que, si el concurso no queda desierto, habremos resuelto un gravísimo problema a los siete Ayuntamientos y el Cabildo. Y lo habremos hecho garantizando un precio y calidad del servicio que hasta ahora no podíamos garantizar y, además, manteniendo el empleo, la titularidad pública del agua, y obteniendo recursos adicionales para el Consorcio sin aportar un céntimo", ha defendido San Ginés.
Cánones fijos y variables
El futuro concesionario deberá afrontar un canon inicial, cuyo importe mínimo se ha fijado en 50.000.000 euros, que serán destinados "a saldar las deudas que mantiene Inalsa con sus principales acreedores y concluir así con el proceso concursal que afecta a la empresa pública desde mediados de 2009".
Sin embargo, la licitación que ha iniciado el Consorcio del Agua, que seguirá siendo el titular único de todo lo concerniente al Ciclo Integral del Agua en Lanzarote, se fundamenta "en una sustancial mejora de los servicios que actualmente se prestan al ciudadano". Y bajo esta premisa, la empresa que resulte adjudicataria deberá afrontar un Plan de Inversiones por importe mínimo de 15.700.000 euros a ejecutar en cinco años y cuyas actuaciones ya vienen definidas en los Pliegos de Condiciones "al considerarse obras urgentes y necesarias para el buen funcionamiento de la producción, abastecimiento y el saneamiento de la isla".
En este punto cabe destacar que uno de los requisitos ineludibles es que 12.000.000 euros sean ejecutados durante los dos primeros años de concesión del servicio, es decir, "prácticamente la totalidad de las obras definidas a excepción de la renovación de las redes, para lo que se da un plazo de cuatro años, y la renovación de los contadores de los abonados, que deberán ser sustituidos antes del quinto año".
Por otro lado, la concesión del servicio que será por 25 años supondrá para el Consorcio del Agua "un importante ingreso anual proveniente de tres tipo de canones" que, como mínimo, significarían más de un 1.500.000 de euros cada año.
El Consorcio del Agua de Lanzarote ha asegurado que "mantendrá un exhaustivo control del servicio contratado". Para ello, se prevé la creación de una Comisión de Seguimiento que bajo un propio reglamento se encargará de fiscalizar e inspeccionar la gestión del Concesionario. Igualmente, el Ente Local se reserva el derecho de designar un director de contrato o supervisor.
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