Habían anunciado medidas contudentes, y lo han cumplido. Tras varios recesos en la sesión plenaria del Cabildo, finalmente todos los grupos han llegado a un acuerdo unánime en el que subrayan que podría haber indicios de criminalidad en la actitud del Ayuntamiento de Yaiza y de su alcalde, José Francisco Reyes, al entregar una licencia para más de 1.000 camas y 220 locales en Playa Blanca. Una licencia de la que tuvieron conocimiento a través de La Voz de Lanzarote, ya que el Consistorio sureño había ocultado la información.
Ahora, los Servicios Jurídicos de Cabildo han recibido el encargo de elaborar un informe en el que determinarán si, "a la vista de la documentación que obre en poder del Cabildo, se observan indicios racionales de crimilidad". De ser así, el acuerdo alcanzado por unanimidad de todos los partidos es el de interponer las acciones penales correspondientes.
Además, los Servicios Jurídicos también tendrán que pronunciarse sobre "la posibilidad legal de proponer o adoptar medidas excepcionales de subrogación de las competencias urbanísticas municipales del Ayuntamiento de Yaiza", dados los incumplimientos de las leyes y normas vigentes respecto a la ordenación territorial de la isla, así como la ocultación de información y licencias otorgadas, pese a que hay sentencias judiciales que obligan al Consistorio a dar cuenta de ellas al Cabildo.
Precisamente, el otro punto que incluye el acuerdo alcanzado en el Pleno del Cabildo hace referencia a la solicitud de información sobre el megaproyecto autorizado el pasado mes de diciembre por el alcalde de Yaiza en la zona de Playa Blanca, y que ha desatado esta nueva tormenta. En este sentido, se requerirá "con carácter inmediato al alcalde para que en el imporrogable plazo de diez días remita al Cabildo el expediente administrativo, con todos sus antecedentes y documentos, relativo a la referida licencia municipal". En este sentido, desde el Cabildo han vuelto a manifestar su "firme e indeclinable propósito de ejercer todas las acciones a su alcance para que se cumpla escrupulosamente la legalidad y la ordenación territorial y urbanística de aplicación".
