El presidente del Partido de Independientes de Lanzarote, Ramón Bermúdez, se ha pronunciado acerca de la incautación de la desaladora de Montaña Roja y el proceso judicial por el que el presidente del Cabildo y el Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, ha sido imputado por un delito de prevaricación y otro de coacciones. "Cuando a veces nos equivocamos, las repercusiones pueden ser malas para todos", ha señalado Bermúdez, que considera que "es verdad que había que llegar a un acuerdo con la empresa privada y dar solución a los vecinos de la zona", pero opina que "en las formas nos hemos equivocado".
Bermúdez se ha referido también a una de las preguntas que el juez Jerónimo Alonso hizo a San Ginés, al que le interrogó acerca de si el letrado Ignacio Calatayud era a la vez asesor de Canal Gestión -empresa a la que se entregó la planta de Club Lanzarote tras la incautación- y de San Ginés y el Consejo Insular de Aguas. El presidente del Cabildo respondió entonces que lo desconocía, para apuntar días más tarde en rueda de prensa que la cuestión era "irrelevante".
El presidente en funciones del PIL considera, por su parte, que esto "sí se debe aclarar". Cree además que ha de hacerse no sólo desde el punto de vista "judicial", "sino también "a la propia sociedad, a los medios de comunicación". "Se ha despertado cierto interés y no sólo Pedro San Ginés, sino el letrado también tendría que aclararlo. Yo creo que no se puede ser arte y parte y, desde luego, sería chocante si estuviese en un lado y en otro", ha declarado Bermúdez en Radio Lanzarote-Onda Cero. "Si su señoría lo ha preguntado es porque habrá visto cierto interés, y habrá que responderle o habrá que averiguarlo", ha agregado.
"Como mínimo, una orden judicial"
Bermúdez se ha referido, por otro lado, a cómo se llevó a cabo esa incautación, que es precisamente lo que motivó la denuncia de Club Lanzarote contra Pedro San Ginés. "Se iba a entrar y se iba a incautar una propiedad privada, eso está garantizado en la propia Constitución, como mínimo una orden judicial y un expediente completo, con fases de alegaciones, estimaciones, sugerencias y la clasificación de faltas", ha indicado.
El presidente del PIL ha incidido, además, en que "esto se dijo en aquel momento por parte de la oposición", y "no solamente del PIL", sino de "todas las fuerzas políticas". "Mucho caso no se nos hizo y ahora nos encontramos con un problema judicial", ha agregado Bermúdez, quien recalca que "cuando a veces nos equivocamos, las repercusiones pueden ser malas para todos.
Ha aludido también a la falta de informes previos por escrito o de un expediente completo acerca de la incautación. "En aquel momento lo que se nos decía era que los servicios jurídicos habían avalado esas decisiones y se estaban haciendo conforme al expediente instruido al efecto, el expediente que instruyó el gerente" del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, ha explicado. "Desde luego, no sabíamos que no se tenía incluso ni informe por escrito, con lo que se demuestra que el expediente no estaba debidamente instruido".
"Nosotros sí que lo echábamos en falta", ha dicho en referencia a ese expediente, que se abrió tan sólo 48 horas antes de la incautación y ha concluido ahora, más de diez meses después de haberse llevado a cabo la medida. "Un expediente no es decir que se abre y se comunica, lleva una serie de pasos y procedimientos. Uno de los más importantes para que no se anule por temas de derecho sería dar la audiencia oportuna después de la clasificación y lo que se estime al afectado", ha agregado Bermúdez.
