El portavoz del PIL, Manolo Cabrera, ha comparecido tras conocerse la sentencia que rechaza el recurso de Inalsa y ratifica el laudo que obliga a la firma pública a pagar unos 12 millones de euros a la UTE Edam Janubio. En ausencia de la consejera delegada de la compañía, Plácida Guerra, Cabrera ha achacado la situación actual en la que se encuentra la firma pública de aguas a la mala gestión de su antiguo consejero delegado, Mario Pérez, (CC).
Desde la formación nacionalista no han entrado a valorar la situación en que la sentencia deja a Inalsa ni han querido especificar las medidas que se van a tomar desde la dirección de la empresa, y ante las preguntas de la prensa, Cabrera se ha limitado a afirmar que "si no hay remedio vía negociación habrá que hacerlo jurídicamente", en referencia a las conversaciones que hasta ahora han mantenido con Edam Janubio.
Cabrera, que ha centrado su discurso en la gestión de Mario Pérez, ha explicado que "mientras el PIL consideró la desaladora del Sur era necesaria para abastecer de agua a Yaiza, Playa Blanca y Puerto del Carmen y adjudicó la obra a la UTE Edam Janubio, Mario Pérez despreció el contrato con la UTE cuando la planta ya estaba construida y la maquinaria pedida".
Sobre este punto, el portavoz nacionalista ha hecho hincapié en que Pérez "no cumplió el contrato y esto dio lugar a que la UTE pudiese reclamar a la justicia por lo ocurrido". Además, ha subrayado que Pérez "dio la espalda al contrato, algo que nos parece inapropiado e indecente". Por ello, el partido reclama "medidas contra Mario Pérez por el perjuicio que su gerencia supuso para Inalsa" y que "CC explique a los ciudadanos cómo se sale de esto".
Nulidad del contrato
Por su parte, Mario Pérez sostiene que quien ha llevado a Inalsa a esta situación es precisamente el PIL, porque el contrato nunca debió firmarse. El ex consejero delegado ha recordado en que éste "pretendía privatizar el agua de Lanzarote y esto supuso que las organizaciones políticas y sindicales saliésemos a la calle a decir que eso contravenía los intereses insulares".
Además, ha recordado que "el Consejo Consultivo declaró nulo de pleno derecho ese contrato porque vulneraba todos los artículos desde el punto de vista legal", al dejar en manos de una empresa privada la producción de un bien público.
