El Partido Popular de San Bartolomé solicita a la alcaldesa María Dolores Corujo que aclare y explique públicamente los pormenores del expediente de las conocidas como "piscinas socialistas" en la localidad de Playa Honda.
Desde el Partido Popular alertan de la peligrosidad que a día de hoy representa el terreno donde estaba previsto realizar el centro deportivo iniciado en 2011 y que tenía previsto un plazo de ejecución de 17 meses. "En lugar de piscina, nos encontramos con un enorme hueco abandonado, sin protección perimetral adecuada ni vigilancia. Un foco de miseria en pleno centro urbano de la localidad de Playa Honda, donde incluso entran niños a jugar con el consiguiente riesgo que conlleva", denuncian.
El Partido Popular de San Bartolomé exige a la Alcaldesa y a su grupo de "gobierno" que procedan a proteger y vallar de forma adecuada el solar abandonado para evitar que se produzca cualquier tipo de accidente y les instan a que pongan en marcha cuantas medidas sean necesarias para garantizar las condiciones higiénico sanitarias, tal y como reclaman los vecinos.
De forma paralela, también solicitan a la alcaldesa que informe del expediente y de los gastos que ha supuesto para el Ayuntamiento, para todos los vecinos, este frustrado un proyecto que "empezó mal y terminó aún peor", ya que según afirman "serán todos los vecinos del municipio los que tengan que asumir este fiasco de obra".
"Primero hablaron de canchas deportivas, luego de piscinas, después retomaron la idea de las canchas, posteriormente pasaron a Centro Cívico Deportivo y finalmente terminamos con pleitos judiciales y gastos jurídicos que pagarán los vecinos con sus impuestos", señalan desde las filas del Partido Popular.
El presidente del Comité y portavoz municipal, Francisco Cabrera, asegura que no es nada nuevo que la alcaldesa socialista "dilate la resolución y la ejecución de los proyectos hasta convertidos en problemas debido a su negligencia política".
"En este caso, la acción del gobierno municipal se ha caracterizado por recurrir a la vía judicial, por más gasto público y una pérdida de 3 millones de euros en inversión", recalca Cabrera.
