El Partido Popular reitera su disconformidad con la forma en la que se ha llevado a cabo la incautación de la planta desaladora de la urbanización de Montaña Roja al obedecer la misma a una decisión unilateral del Presidente del Cabildo, Pedro San Ginés."A las formas circenses y esperpénticas utilizadas para acceder a la desaladora, se suma un hecho más grave aún como es el no haber informado ni abordado este asunto en el seno del órgano competente, que no es otro que el Consejo Insular de Aguas", señalan en nota de prensa.
"Y es que si bien, la ley le confiere esta potestad, no es comprensible cómo se da un paso de estas características y de esta envergadura sin analizar el expediente ni con los miembros del Consejo ni, según parece, con los integrantes del Consorcio", señala el Consejero del Grupo Popular, Emilio Bermúdez.
Para el también miembro de la Asamblea del Consejo Insular de Aguas, aún pudiendo estar de acuerdo en el fondo, "está claro que incautarse de una instalación privada que abastece de agua a más de 6.000 usuarios, es una decisión importante, de calado y la explicación tenía que haber llegado antes y no después, a toro pasado".
"Sólo se entendería el proceder del Presidente si se hubiese producido un problema de extrema gravedad y urgencia en esa planta, y está claro que no ha sido así", recalca Bermúdez. "Lo único que se ha conseguido es un revuelo mediático y una situación de alarma que no beneficia a nadie", añade.
Los populares, que solicitarán información de este asunto en el próximo pleno, confían en que la decisión de San Ginés cuente con todos los parabienes jurídicos, de modo que no se tenga que entrar en litigios judiciales que acarren más costes económicos para los ciudadanos de la isla.
