El Parlamento de Canarias ha aprobado una Proposición No de Ley, presentada de manera conjunta por CC, PSOE, Podemos, Nueva Canarias y el grupo mixto, por la que se instará al Ejecutivo canario a que promueva una regulación del cannabis que incluya su uso terapéutico y a que presente un estudio en la Comisión de Sanidad sobre la prescripción médica de este producto. Esta propuesta ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos excepto el PP.
Con esta proposición, el Parlamento pedirá al Gobierno canario que inste al Ejecutivo estatal y a las Cortes Generales "a promover avances sólidos, tanto en la regulación como en una interpretación jurídica consistente, que permitan progresar de un modo decidido, como están haciendo otros países, por la senda de regular el consumo de cannabis, siempre desde la perspectiva de que se trata de un producto que conlleva riesgos para la salud".
También solicitará al Ejecutivo canario que presente "en la Comisión de Sanidad un informe de evaluación de las políticas de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación de las adicciones en Canarias, con especificidad de las relacionadas con el cannabis"; así como "un estudio y regulación del uso medicinal de los cannabinoides de origen natural, en aras a favorecer los efectos terapéuticos que sobre la salud de nuestros ciudadanos poseen".
El Parlamento de Canarias también ha invitado con ella "a todos los clubes y asociaciones de cannabis existentes en Canarias a que, en tanto no exista una regulación estatal expresa en la materia, establezcan mecanismos de autorregulación, buenas prácticas y colaboración con la administración".
"Evitará la especulación, el mercado negro y la adulteración"
El portavoz socialista, Iñaki Lavandera, ha celebrado la aprobación de esta Proposición No de Ley y ha valorado la capacidad de consenso demostrada por la amplia mayoría de grupos parlamentarios. Igualmente ha explicado que se trata de "una iniciativa muy completa que toca tres vertientes: salud pública, en el sentido de no perder de vista los riesgos que entraña y de ahí la petición a la Consejería de un estudio de la realidad del cannabis, la demanda a los clubes de esa regulación responsable y no estigmatizar el uso de una sustancia muy extendida, porque el prohibicionismo no ayuda a disminuir los hábitos de consumo".
Lavandera también ha indicado que las propias asociaciones de pacientes de cáncer tienen graves dificultades para acceder a estos productos, labor que están asumiendo las agrupaciones, que demandan una regulación responsable por el Estado para tener garantías jurídicas". "Hay cierta jurisprudencia pero existe un problema importante para los clubes cuando hablamos de autocultivo, así como inseguridad jurídica en lo que se refiere a su transporte", ha añadido el portavoz del PSOE.
En el mismo sentido, la diputada de Podemos, María del Río, ha destacado esta "inseguridad jurídica, ya que el consumo del cannabis nunca ha sido delito, y determinadas formas de abastecimiento y consumo colectivo, que se desarrollan en los clubes sociales cannábicos, han sido tolerados por la jurisprudencia". Sin embargo, ha señalado que ha habido "sentencias del Tribunal Supremo que han condenado a los dirigentes o socios de los clubes por tráfico de drogas, estableciéndose desde entonces, con carácter general, que las actividades de producción y distribución del cannabis que se realizan en estas asociaciones son delictivas".
"Hay unos 4 millones de personas en España que consumen cannabis"
Del Río también ha celebrado la aprobación y ha apuntado que "se debe abordar esta regulación de una forma integral para que se permita el autocultivo, el consumo con fines terapéuticos" y también "el consumo con fines de ocio, advirtiendo siempre que supone un consumo con riesgos para la salud". "De esta forma se evitará la especulación, el mercado negro, con todo lo que ello conlleva desde el punto de vista humano, sanitario y económico, y la adulteración del producto", ha recalcado.
Y es que según Podemos, "en España se calcula que hay unos 4 millones de personas consumidoras de cannabis, de las cuales unas 50.000 lo utilizarían con fines terapéuticos", por lo que considera que "la regulación exclusivamente para el uso medicinal dejaría fuera a 3.950.000 personas expuestas a la presión del uso fraudulento".
La diputada de Podemos ha recordado que ya existen varios parlamentos españoles que han regulado o han reconocido la existencia de los clubes sociales cannábicos, como es el caso del Parlamento navarro, catalán, vasco o cántabro. Del Río también ha señalado que el acceso a esta sustancia debería producirse en situaciones de salubridad, que no sólo debería ser posible a través de las asociaciones de consumidores, "sino a través de otras vías como comercios especializados o farmacias, como ya ocurre en otros lugares, sin olvidar la conveniencia de regular el autocultivo".
