El Pleno del Ayuntamiento de Arrecife ha dado este jueves el último paso para iniciar el proceso de licitación del Parque Deportivo municipal y del Pabellón de Argana. Con ese concurso, además de adjudicarse la gestión de estos dos espacios, se pretende reabrir el pabellón deportivo, que fue clausurado después del estallido de la Operación Unión, al verificarse que había estado funcionando sin licencia y que presentaba defectos de construcción que han impedido que se vuelva a poner en marcha.
El pasado mes de septiembre, el Pleno ya aprobó iniciar el expediente para este concurso, y ahora ha aprobado el contrato que se licitará, con los votos a favor del grupo de gobierno formado por el PSOE, CC y el PIL, y también de Ciudadanos.
"Se trata de un gran paso hacia la legalización y la reapertura del Pabellón de Argana", ha afirmado el concejal de Deportes capitalino, Jacobo Lemes. "Gracias al trabajo realizado por la Concejalía de Deportes y el Área de Urbanismo que dirige el compañero Samuel Martín y al esfuerzo de este último año, Arrecife podrá volver a contar con esta concesión administrativa y los vecinos del municipio volverán a tener a su disposición una instalación deportiva de la envergadura el Palacio Municipal de los Deportes de Arrecife. Se cumple así uno de los principales objetivos que adquirí con la ciudadanía al asumir la Concejalía", ha subrayado el edil.
Según había adelantado Jacobo Lemes, el Ayuntamiento aportará 540.000 euros para acometer las obras que permitan reabrir el pabellón. Además, la empresa adjudicataria gestionará durante 20 años las instalaciones.
Cabe recordar que la construcción del pabellón fue adjudicada bajo la Alcaldía de María Isabel Déniz, y es una de las que se han investigado dentro del caso Unión. En el escrito de acusación que acaba de presentar la Fiscalía Anticorrupción dentro de esta pieza, el fiscal Luis del Río sostiene que el contrato se adjudicó a FCC de forma fraudulenta. Además, el precio inicial se fue disparando después, con un modificado del proyecto y con la contratación de "obras complementarias". Y todo ello, según el Ministerio Fiscal, a cambio del pago de sobornos en metálico y en forma de regalos a políticos y funcionarios de Arrecife.
