El documento del nuevo Plan Insular de Ordenación (PIO) plantea en el artículo número 8 de sus normas la posibilidad de externalizar el servicio de seguimiento de la oficina del PIO. En ese artículo señala que el Cabildo creará y mantendrá "empleando para ello sea cualesquiera de las fórmulas organizativas admitidas por la Ley, sea la de contratación de asistencia, consultoría y servicios, una Oficina Técnica de Gestión y Seguimiento del Plan".
Hasta ahora la Oficina del PIO siempre la ha gestionado el propio Cabildo con personal funcionario de la Institución. Entre las funciones de esa oficina estarían las de prestar la asistencia técnica para facilitar a los ciudadanos el acceso, conocimiento e interpretación de los documentos integrantes del Plan, así como prestar al Cabildo apoyo en las tareas técnicas y de gestión.
La oficina, también tendría que "elaborar y actualizar técnicamente los indicadores para la evaluación del desarrollo, la ejecución y la aplicación del PIO", además de "organizar, desarrollar y gestionar el correspondiente sistema de evaluación para la adopción de las decisiones pertinentes por el Cabildo, incluida la de revisión del propio PIO".
Sus otras dos funciones tienen que ver con los municipios, como proponer los mecanismos de compensación a favor de estos para asegurar "la adecuada financiación de las necesidades locales en el contexto del principio general de desarrollo sostenible que inspira este Plan" y proporcionarles el apoyo técnico "en la redacción de instrumentos de ordenación urbanística y de ejecución de ésta, así como en la interpretación y aplicación del planeamiento urbanístico y el seguimiento del cumplimiento de éste".
El documento también propone la creación de una Oficina técnica de apoyo a los municipios en la protección de la legalidad urbanística con la finalidad de suministrar apoyo técnico y de gestión a través de un convenio. Para constituir la Oficina se contempla también la figura del Consorcio.
El documento se encuentra en su fase de avance. Se prevé que el Cabildo lo apruebe en septiembre de forma inicial y tras esa aprobación comenzaría la fase de alegaciones tanto de instituciones como de particulares o asociaciones, para que se eleve después al Gobierno de Canarias y lo apruebe de forma definitiva.
S.G. / ACN Press
