Por C. S. G.
La iniciativa para convertir en un museo de pesca flotante un barco pesquero en desuso, el Nuevo Santa Teresa,y que fue donado al Cabildo, nace envuelta en la polémica. Desde la Consejería de Pesca de la Corporación aseguran que el proyecto ya está elaborado, pero no tienen "ni idea" de cuál es el presupuesto que demandaría su ejecución, mientras que los consejeros de la oposición critican que el Grupo de Gobierno haya aprobado pagarle al ex propietario del barco por la maquinaria del mismo, cuando no hay ninguna constancia oficial de que debía realizarse ese pago al momento de concretarse la donación.
El tema fue debatido en el último pleno ordinario del Cabildo, en el que se llevó para su aprobación el reconocimiento de deuda de los 30.000 euros que los dueños del barco -la entidad Martín y Rodríguez SPC- reclaman por el motor de la embarcación que donaron. Y es que la consejera de Hacienda del Cabildo cuando se cerró la donación y ahora en la oposición, Astrid Pérez , sostuvo que en ningún momento se habló de que la Corporacióndebiera pagarle suma alguna a los propietarios del barco, que lo donaron por iniciativa propia.
El acta notarial donde se recoge la donación del Nuevo Santa Teresa, única documentación existente sobre esta operación,no recoge que el Cabildo tuviera que hacer desembolso alguno, y no figura tampoco ningún acuerdo sobre la compra del motor a los donantes del barco, ni que la donación fuese parcial .
¿Por qué entonces la entidad Martín y Rodríguez reclama a través de un escrito "el pago de una deuda por la adquisición de un motor por el importe de 30.000 euros", según la moción aprobada por el Grupo de Gobierno del Cabildo? Pues simplemente por un "acuerdo verbal" con los propietarios del barco, según la peculiar explicación ofrecida durante la sesión plenaria por el actual consejero de Hacienda, Luis Arráez.
"Este era un barco que estaba para ir al desguace y por lo tanto, los propietarios se podían acoger a la subvención por ello, pero prefirieron donarlo al Cabildo. Cuando se hace un desguace, el barco se hunde, pero el motor es retirado antes por los propietarios para venderlo. Por eso, en este caso, los dueños donan el barco y el Cabildo, en un acuerdo verbal, se comprometió a pagarles por el motor, para que pueda seguir funcionando, ya que la idea es que el barco museo puede navegar", explicó Arráez.
Esa argumentación encendió las iras de la oposición, a punto tal que el tema fue debatido durante casi una hora, al entender que una Corporación no puede hacer reconocimientos de deuda enbase a acuerdos verbales. La matización de Arráez de que por el motor se ha pagado menos de la tercera parte de su valorreal (unos 100.000 euros, según el consejero), no logró calmar a la oposición, ya que desde el Partido Popular solicitaron que se prepare un informe de "todos los pagos extra presupuestarios y en base a cuerdos verbales realizados por Arráez cuando estuvo al frente de la Consejería de Deportes, porque cuando lo conozcamos, nos caeremos de espaldas".
La donación que se convierte enmás gastos
Lo concreto y cierto es que la donación del barco redunda en más gastos para el Cabildo, por un lado por el pago del motor, y por otro, porque será necesario realizar una inversión importante para convertirlo en un museo flotante. Sin embargo, desde el Grupo de Gobierno aún no saben precisar ni el presupuesto que demandará el proyecto ni cuándo será una realidad este museo de pesca.
"La idea es vaciar las bodegas del barco, dejando sólo la maquinaria y algún tanque En las bodegas vaciadas se pondrán las artes de pesca para que los alumnos de los colegios y la ciudadanía en general vea lo que era antes el sector pesquero lanzaroteño, y lo compare con lo que ha quedado de ella. Ya hay un proyecto terminado, que presentaremos a su aprobación en la Capitanía Marítima", detalló a este medio el consejero de Pesca, Marcos Páez.En cuanto a cuál es el presupuesto de ese proyecto y cuándo se puede poner en marcha, Páez admite que no tiene "ni idea". Y explica: "Todavía no tenemos determinado el dinero que se necesita para esto, y tampoco podemos hablar de fechas, porque este es un proceso muy largo. Intentaremos gestionar fondos de la Unión Europea, y además, la tramitación en Capitanía Marítima es un proceso largo, ya que con el vaciado, el barco perderá estabilidad y hay que volver a estabilizarlo, lo que requiere de estudios e informes técnicos. Pero lo importante es que aunque pase mucho tiempo, esto se haga realidad", explicó el consejero de Pesca.
La inquietud por parte del Cabildo para crear un museo flotante de pesca no surgió hasta que los dueños del Nueva Santa Teresa no se ofrecieron a "donar" la embarcación, un proceso inverso a lo habitual, que es primero plantear una necesidad y luego analizar y determinar cómo se lleva a cabo.
PAGOS A BODEGAS, TAMBIÉN SÓLO POR "ACUERDOS VERBALES"
En el pleno ordinario del Cabildo del pasado día 26, además del pago del motor del barco donado y en el que se hará un museo de pesca, también habló de otros pagos en base a "acuerdos verbales", según se admitió desde el Grupo de Gobierno. Se trata de lo correspondiente a las tres bodegas, El Grifo, La Geria y Bermejo, que elaboraron el vino con el excedente de uva que el Cabildo compró en la pasada campaña, parte del cual además se echó a perder.
Esos pagos, por una suma total de 88.500 euros (casi 15 millones de pesetas), se concretaron a través de un decreto de la Presidencia de fecha 23 de mayo de 2006, debido a que no se firmó ningún convenio ni otra documentación con dichas empresas por la prestación del mencionado trabajo de elaboración del vino. La explicación de la presidenta, Inés Rojas, fue que ante la "emergencia social" creada por el excedente de uva, se acordó "verbalmente" la contratación de las tres bodegas para el proceso de elaboración, "con cargo al Presupuesto del año siguiente", es decir, el actual, debido a la "falta de consignación presupuestaria" en 2005.
La consejera del PIL, María José Docal, respondió a ello afirmando que la emergencia social "era para los agricultores y no para los bodegueros", al tiempo que criticó que ese mismo criterio de emergencia social no se aplicara para dichos productores, quienes aún no han cobrado por la uva comprada por el Cabildo.
La explicación de Inés Rojas fue la misma que ya se dio desde el área de Agricultura: sólo 150 de los 400 productores que vendieron su uva a la Corporación entregaron toda la documentación, como la declaración de renta, y por eso no se puede aún pagar a todos. La respuesta de Docal fue que precisamente por eso, la emergencia social tendría que haber sido declarada para los vitivinicultores.
