El "caso Reyes" tiene una nueva ramificación en otro juzgado, concretamente el de Instrucción Número 7 de Arrecife, en la que se han visto salpicados dos empleados de Bancaja. Su imputación surge de la investigación que llevó a cabo la unidad de la Policía Nacional especializada en delitos económicos y fiscales, en la que se rastreó el patrimonio del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y de su entorno.
Durante esa investigación, no sólo siguieron la pista de propiedades, sino también de cuentas bancarias de Reyes, de su mujer y de sus hijos, que actualmente están imputados también por blanqueo de capitales, en el marco de la causa abierta por la presunta trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca.
Mientras los agentes desarrollaban ese trabajo, el tema estaba bajo secreto de sumario y, además, requería de una lógica discreción para que la investigación pudiera dar sus frutos. Sin embargo, según entienden la juez, el Ministerio Fiscal y los propios agentes policiales implicados, al menos dos empleados de Bancaja pudieron entorpecer esa investigación, facilitando información pese a que se les había advertido que no lo hicieran.
Precisamente para evitar filtraciones, los policías acudieron directamente a las oficinas centrales de la entidad, pero sospechan que la información pudo llegar después a otra sucursal donde sí realizaban operaciones Reyes y su entorno.
A raíz de esas sospechas, los dos empleados de Bancaja fueron citados primero en calidad de testigos y, posteriormente, se abrieron unas diligencias paralelas en otro Juzgado, al que se le dio traslado de estos hechos. Ahora, en su último informe, el fiscal pide que también se remita a ese Juzgado el contenido de la declaración que un inspector de la Policía Nacional realizó el pasado 12 de agosto en el Juzgado de Instrucción Número 2.
