El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado conforme a derecho el procedimiento de revisión de oficio iniciado por el Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote y que finalizó con una resolución basada en un dictamen preceptivo y vinculante, declarando nulo de pleno derecho el contrato entre Inalsa y la UTE Edam Janubio, formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Procedimientos Ambientales.
Desde el Cabildo destacan que para el Consejo Consultivo de Canarias, "la adjudicación del contrato a FCC se realizó con graves irregularidades, pues se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, infringiéndose preceptos básicos de derecho comunitario". En opinión de FCC, el Consorcio Insular de Aguas "se inventó un procedimiento"; sin embargo, el juez ha reconocido la legitimación del propio Consorcio y del procedimiento seguido para declarar nulo de pleno derecho el contrato de la desaladora, tal y como afirmó el Consejo Consultivo.
Cabe destacar que desde que se dictara el laudo, "las distintas autoridades administrativas y órganos jurisdiccionales han dado la razón al Consorcio Insular de Aguas frente a las tesis de FCC", subrayan desde la Primera Institución.
