El Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 2 de Las Palmas le ha dado 10 días al Ayuntamiento de Teguise para que informe si la Fundación César Manrique ha procedido a solicitar la legalización de la Casa de las Cúpulas. Así, mediante una diligencia a instancias del demandante de este caso, Manuel Nicolás González, que tiene fecha de 4 de noviembre, el Juzgado ha solicitado al alcalde, Oswaldo Betancort, que en caso de que no sea así "proceda a adoptar las medidas correspondientes".
El portavoz de la Fundación César Manrique, Alfredo Díaz, ha asegurado este jueves en Radio Lanzarote que "no va a pedir la legalización" del taller de la Casa de las Cúpulas, cuya licencia fue anulada por la Justicia, ya que en su día este permiso "fue concedido en tiempo y forma y por eso se iniciaron las obras". "La Fundación siempre actuó en el marco que nos daba la cobertura de la licencia, que fue concedida por el Ayuntamiento de Teguise y el Gobierno de Canarias, y serán ellos quienes tengan que solucionar el problema", ha afirmado.
Díaz ha señalado que si el taller de la Casa de las Cúpulas no tiene "encaje legal, se tendrá que derribar". "Lo mismo decimos para todas las construcciones pendientes de sentencia, es una cosa lógica. Las sentencias están para cumplirlas y para que se ejecuten sin dilación, lo hemos dicho hasta la saciedad", ha manifestado.
"No al juego del cambio de estampitas"
En este sentido, ha señalado que es el Ayuntamiento de Teguise el encargado de derribar esta infraestructura cultural y también ha querido dejar "muy claro" que "la Fundación no se va a dejar coaccionar y no está dispuesta a entrar en el juego del cambio de estampitas". "Nosotros queremos que se cumpla la ley y si las construcciones no tienen encaje legal que se derriben y ya está. El que piense que vamos a cambiar de posición, está muy equivocado", ha matizado.
Cabe recordar que la Fundación César Manrique planteó en 2008 la posibilidad de donar a Cabildo la Casa de las Cúpulas, algo que la primera institución rechazó, según Díaz. "Lo vieron como una donación envenenada, pero nosotros lo que queríamos era darle una salida a una infraestructura cultural, que podía haberla asumido una institución pública. Es una finca muy importante y era una manera de salir del atolladero y completar la oferta cultural de Lanzarote", ha insistido.
