El juez Ricardo Fiestras Gil exige más de 28 millones de euros en fianzas a los 21 imputados en las tres piezas del caso Montecarlo que acaban de cerrarse. En total hay 5 imputados por los pagos a empresas de José Vicente Montesinos, 13 por los pagos a Inelcon y 11 por las facturas abonadas a Tunera, aunque varios nombres se repiten en más de una pieza. Además de las fianzas que deberá pagar cada imputado, incluidos los empresarios, el juez también exige unos 8,5 millones de euros más a las sociedades, por lo que en total las fianzas superan los 36 millones de euros.
Las fianzas se fijan en función de la cantidad que presuntamente contribuyó a malversar cada uno, aumentada en un tercio, que es lo que establece la ley. Y aunque en todos los pagos intervinieron varias personas (los funcionarios, los concejales de Hacienda de cada periodo y los ediles de las respectivas áreas que supuestamente contrataron el servicio), cada uno deberá responder por la cantidad total.
En su auto, el juez les da tres días para que depositen las fianzas. Y en caso de que no lo hagan, advierte de que se procederá al embargo de sus bienes. Éstas son las sumas que el juez exige a cada uno y los delitos y los hechos que les imputa:
POLÍTICOS Y EX POLÍTICOS
José Montelongo (PSOE): El alcalde de Arrecife está imputado en dos de las piezas y el juez le pide en total casi 1,9 millones de euros de fianza (1.300.000 euros por la pieza de Inelcon y 597.018 euros por la de Tunera). En ambas está imputado por malversación, fraude y prevaricación, por autorizar pagos a ambas empresas cuando era concejal de Hacienda, bajo la Alcaldía de Cándido Reguera. Según el juez instructor, Montelongo recibió advertencias del tesorero, Antonio Cabrera Panasco, de que se estaba incumpliendo la prelación de pagos (es decir, saltándose el orden en el que debían abonarse las facturas). Además, el auto sostiene que de acuerdo con el interventor, Montelongo "enmascaró la ilegalidad de los pagos" llevando las facturas a Pleno para aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito, para "ocultar más fácilmente las irregularidades cometidas".
Eduardo Lasso (PIL): Fue concejal de Festejos en la legislatura 2007-2011 y está imputado en dos piezas. En total, el juez le pide casi 1,4 millones de euros de fianza (851.559 euros en la pieza de Tunera y 536.800 euros en la de Inelcon). El auto sostiene que con su firma permitió el "abono indebido de enormes cantidades" de dinero a ambas empresas (por la organización de eventos y por servicios vinculados a fiestas y ferias), a través de la Concejalía que ostentaba, en connivencia con trabajadores municipales, con los respectivos concejales de Hacienda y con el interventor. Está imputado por malversación, fraude y prevaricación.
Víctor Sanginés (PSOE): Fue concejal de Festejos en un periodo de la legislatura 2007-2011 y también en la legislatura siguiente. Está imputado en dos piezas y el juez le pide en total casi 1,5 millones de fianza (1.290.000 euros por la pieza de Inelcon y 193.998 por la de Tunera). Los hechos que se le imputan son los mismos que al otro edil que ocupó el área de Festejos, aunque cada uno debe responder por las contrataciones y facturas que reconoció estando al frente de esa Concejalía. Está imputado por malversación, fraude y prevaricación.
Isabel Martinón (PNL): Fue concejal de Hacienda al final de la legislatura 2007-2011, durante el pacto entre el PP, CC, el PIL y el PNL, tras la moción de censura que convirtió en alcalde a Cándido Reguera, y está imputada en dos piezas. En total, el juez le pide más de 1 millón de euros de fianza (681.000 euros por la pieza de Inelcon y 348.178 por la de Tunera). Como responsable de Hacienda, la edil firmó órdenes de pago a esas empresas por valor de más de 760.000 euros. En algunos casos, según la instrucción, los servicios ni siquiera se habían prestado. Está imputada por malversación, fraude y prevaricación.
Lorenzo Lemaur (PP): Fue concejal de Cultura de Arrecife y está imputado en la pieza de Tunera. El juez le exige una fianza de 641.745 euros, por haber autorizado parte de los pagos que se realizaron a esta empresa con cargo a su Concejalía. En algunos casos, como el "Estudio y conclusiones del Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de los Centros socioculturales de Arrecife", por el que se abonaron más de 93.000 euros a Tunera, la instrucción sostiene que el servicio ni siquiera se prestó. Está imputado por malversación, fraude y prevaricación.
Alberto Morales (PSOE): Fue concejal de Obras y Servicios en la legislatura 2007-2011 y está imputado en la pieza de Inelcon. El juez le exige una fianza de 532.000 euros. Entre otras cosas, autorizó pagos "indebidamente" a la otra empresa de Carlos Lemes, Señalcon, por diferentes reparaciones y servicios como la instalación de farolas, que fueron supuestamente contratados, con fraccionamientos de pago y otras presuntas irregularidades, desde su Concejalía. Está imputado por malversación, fraude y prevaricación.
Víctor Betancort (PSOE): Fue concejal de Tráfico y durante un tiempo concejal de Hacienda (en el periodo en el que el PSOE gobernó en minoría tras la Operación Unión). Está imputado en la pieza de Inelcon y el juez le exige una fianza de 432.500 euros. Además de autorizar algunos de los pagos a esa empresa como edil de Hacienda, también "contribuyó", según el magistrado, "al pago de al menos 30.000 euros en el año 2009, sin que se acreditara el cumplimiento del servicio, consistente en la reparación de los semáforos, ni se justificara su importe". Está imputado por malversación, fraude y prevaricación.
José Miguel Rodríguez (PIL): Fue concejal de Hacienda en la legislatura 2007-2011, hasta que fue detenido en el marco de la Operación Unión, donde ya tiene dos condenas a sus espaladas. En el caso Montecarlo, está imputado en la pieza por los pagos a tres empresas de Montesinos, por servicios que presuntamente ni siquiera se prestaron. El juez le exige una fianza de 382.900 euros y está imputado por malversación, fraude y prevaricación.
FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES
Carlos Sáenz: El interventor está imputado en todas las piezas del caso Montecarlo y solo en las tres que acaban de cerrarse, el juez le reclama más de 8,5 millones de euros de fianza (4.403.528 euros por la pieza de Tunera, 3.256.000 euros por la pieza de Inelcon y 925.468 euros por la pieza de Montesinos). En todas ellas está imputado por delitos de malversación, fraude a la administración, prevaricación y falsedad en documento público. Además, en una de las piezas (la de Montesinos) se le imputa también un delito de cohecho, ya que presuntamente el empresario le entregaba parte del dinero que recibía del Ayuntamiento, y otro de blanqueo de capitales. Según la instrucción, tanto el empresario como el interventor (que llegaron a figurar como socios en una de las empresas) habrían introducido en el mercado el dinero obtenido ilegalmente tanto del Ayuntamiento de Arrecife como en el de San Bartolomé.
José Nieves Caraballo: El coordinador del área de Festejos de Arrecife está imputado tanto en la pieza de Tunera como en la de Inelcon y el juez le reclama en total casi 1,9 millones de euros de fianza (1.233.914 euros en la primera y 648.660 euros en la segunda). Como técnico responsable del área, avaló pagos "indebidos" a ambas empresas, según la instrucción. Está imputado por malversación, fraude y prevaricación.
Miguel Ángel Leal: Fue consejero del Cabildo por el PSOE, pero hace años regresó a su puesto como animador sociocultural del Ayuntamiento de Arrecife. Aunque no tiene la categoría de técnico, actuó como tal avalando el pago de las facturas investigadas en dos de las piezas de Montecarlo. El juez le pide más de 523.000 euros de fianza (400.000 euros por la de Inelcon y 123.231 por la de Tunera). Está imputado en ambas piezas por malversación, fraude y prevaricación.
Isidro Hernández Fuentes: Aunque es bedel del Ayuntamiento, intervino como "técnico" en expedientes de pago. El juez le exige una fianza de 78.200 euros. Según el auto, este trabajador contribuyó al pago "indebido de suministros a la empresa Señalcon", que entre otras cosas realizó supuestos trabajos relacionados con reparaciones, semáforos e instalación de farolas en Arrecife. Está imputado por malversación, fraude y prevaricación.
Penélope Tabares: Trabaja como arquitecto técnico en el Ayuntamiento de Arrecife y está imputada en la pieza de Inelcon. El juez le exige una fianza de 480.300 euros. En su auto, sostiene que "contribuyó" al pago "indebido" de 360.000 euros a la empresa Señalcon. Está imputada por malversación, fraude y prevaricación.
José Antonio Cabrera: Como técnico del Ayuntamiento, se encargaba del control de los semáforos cuando se produjeron los pagos bajo sospecha a Señalcon. El juez le exige una fianza de 176.000 euros. Está imputado en la pieza de Inelcon (y Señalcon) por malversación, fraude y prevaricación.
Francisco Hernández Betancort: Trabaja en el área de Festejos de Arrecife y está imputado en la pieza de Tunera. El juez le exige una fianza de 116.860 euros. Según el auto, "contribuyó" con su firma al abono "indebido" de una parte de las "enormes cantidades" que recibió esta empresa por la organización de actos en la capital. Está imputado por malversación, fraude y prevaricación.
Blas Cedrés: Trabaja en el área de Cultura y está imputado en la pieza de Tunera. El juez le exige una fianza de 20.615 euros, por haber "contribuido" presuntamente a malversar dinero público, firmando parte de los pagos a esta empresa. Está imputado por malversación, fraude y prevaricación.
PROVEEDORES
José Vicente Montesinos: Está imputado por malversación, fraude, cohecho, prevaricación, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. En total recibió 202.125 euros del Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2009 y 2010, a través de tres empresas distintas (Gestecal, Recingest y Progestril), por supuestas labores de asesoramiento y por la elaboración de pliegos de concursos. Además, llevó al Consistorio a los tribunales para reclamar el pago de otras facturas, por valor total de más de 67.000 euros. El juez sostiene que Montesinos y el interventor trasladaron a Arrecife un "sistema defraudatorio" que ya habían utilizado "de forma idéntica" en San Bartolomé, por hechos por los que ya están acusados en otra pieza de esta causa. El propio Montesinos reconoció haber entregado parte de las cantidades que recibía a Carlos Sáenz. Además, un informe realizado por la UDEF señala que distintos ingresos del Ayuntamiento coincidían con retiradas en efectivo de Montesinos y, a su vez, con operaciones económicas del interventor por esos mismos importes, incluyendo el pago en metálico de un crédito hipotecario. Por las sumas malversadas y por las cantidades presuntamente blanqueadas, el juez exige a Montesinos una fianza de 925.468,34 euros.
Javier Betancort: Además de estar acusado en la pieza de San Bartolomé, donde fue concejal de Hacienda y autorizó pagos a Montesinos, también está imputado en la pieza de Arrecife vinculada a este mismo empresario, pero en este caso como proveedor. Según el juez, aunque las empresas era administradas por Montesinos, "eran dirigidas de facto por Javier Betancort", que era "quien actuaba en nombre de las empresas ante el Ayuntamiento". Supuestamente, Betancort elaboró los pliegos por los que Arrecife pagó más de 200.000 euros. Sin embargo, el juez sostiene que esos pliegos "en realidad eran meras fotocopias que no sirvieron de utilidad al Ayuntamiento ni se utilizaron para licitación alguna". Todos los pliegos, por los que el Consistorio pagó entre 12.000 y 18.000 euros por cada uno, son "documentos idénticos", "en los que únicamente varía la palabra relativa al suministro concreto objeto del contrato". El juez exige a Betancort una fianza de 382.900 euros en esta pieza. Está imputado por malversación, fraude, prevaricación y falsedad de documento mercantil.
Federico Toledo: Este abogado, que fue socio de Javier Betancort, fue contratado por el Ayuntamiento de Arrecife cuando Montesinos le llevó a los tribunales para reclamar el pago de las facturas que no llegó a cobrar. Según el juez, Toledo "ejerció dicha defensa erráticamente" y "dejó incluso de interponer un recurso" cuando los Juzgados dieron la razón en primera instancia al empresario. Y tampoco formuló ninguna solicitud para que no se ejecutaran esas sentencias, pese a que ya se había iniciado este procedimiento penal, que investigaba precisamente esas facturas. Incluso, "silenció" que él había prestado declaración como imputado en esta causa y no informó de ello al Consistorio. Toledo está imputado por malversación de caudales públicos y por un delito contra la administración de justicia, en su modalidad de deslealtad profesional dolosa. El juez le pide una fianza de 89.600 euros.
Carlos Lemes: Como dueño de Inelcon y Señalcon, el juez le reclama una fianza de 3.256.000 euros. El empresario está imputado por delitos de malversación, fraude, prevaricación y falsedad en documento mercantil. Según el juez, se le adjudicaron contratos a sus empresas "al margen de toda la normativa aplicable, comenzando porque nunca se tramitaba expediente de contratación, todas las adjudicaciones eran verbales, se fraccionaban los contratos y la facturación para eludir los procedimientos de licitación pública, se facturaban cantidades indebidas y se pagaban servicios no prestados, entre otros múltiples incumplimientos". Entre enero de 2009 y enero de 2011, Inelcon cobró 2.258.835 euros del Ayuntamiento, a través de 124 facturas distintas, mientras que Señalcon recibió 142.000 euros. Según el juez, solo "al incluirse indebidamente el 16% de beneficio industrial y el 6% de gastos generales en todas las facturas, se pagó simplemente por ese hecho un sobreprecio" de 407.331 euros en dos años a Inelcon y de 25.388 euros a Señalcon.
Eduardo Ferrer: El dueño de Tunera está imputado por delitos de malversación, fraude, prevaricación y falsedad documental, y el juez le reclama una fianza de 4.403.528 euros. Según el auto, se le abonaron facturas entre 2009 y 2012 por la organización de eventos en fiestas, Carnaval, Navidad, conciertos y festivales "sin control alguno de su legalidad, únicamente al arbitrio de las demandas de la empresa, a las que todos los responsables municipales imputados accedían". Al igual que en la pieza de Inelcon, el juez sostiene que "las adjudicaciones eran verbales, se fraccionaban los contratos y la facturación para eludir los procedimientos de licitación pública, se facturaban cantidades indebidas y se pagaban servicios no prestados". En total, la empresa recibió entre 2009 y 2012 más de 3,3 millones de euros del Ayuntamiento de Arrecife.
Responsables civiles: Además de los empresarios, en las distintas piezas figuran como responsables civiles las sociedades de cada uno de ellos. En el auto, se le exige a cada una fianza por el importe que recibió de forma presuntamente indebida, aumentado también en un tercio. En total, esto supone unos 8,5 millones de euros más en fianzas.
