La causa judicial abierta por la gestión y quiebra de Inalsa ya tiene dos imputados. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife ha citado a declarar a la ex consejera delegada de la empresa, Plácida Guerra, y al que era gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta, para que respondan de presuntos delitos en su labor al frente de esta empresa. Según la Fiscalía, podrían haber incurrido en presuntos delitos "societarios, de prevaricación o de defraudación de caudales públicos".
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en Fiscalía por Alternativa Ciudadana en la pasada legislatura, poco después de que se privatizara la gestión de Inalsa y de que se destinara buena parte del dinero obtenido a pagar las deudas de la empresa, de las que podrían haber tenido que responder personalmente los políticos que intervinieron en los últimos consejos de administración.
El pasado mes de mayo, la Fiscalía trasladó la denuncia a los Juzgados para que se abrieran diligencias, tras apreciar "irregularidades constatadas" e indicios de posibles delitos de distinta índole, tanto en la gestión de Inalsa como en el modo en el que se pagaron esas deudas de la empresa.
Ahora, el juez ha llamado a declarar a los dos primeros imputados, que ya tienen a su vez una condena a sus espaldas por su labor en Inalsa. Tanto Plácida Guerra como Rafael Elorrieta, que es yerno de Dimas Martín, fueron condenados en la pieza del caso Unión por los pagos a Francisco Rodríguez Batllori por servicios no prestados. La Audiencia Provincial impuso una pena de 5 años de prisión a cada uno, por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación.
Además, el Juzgado ha solicitado diversas diligencias de investigación que abarcan varias etapas de la gestión de Inalsa. Entre otras cosas, ha pedido al Registro mercantil todas las cuentas de la empresa desde el año 2006. Según han explicado desde AC, algunas de estas diligencias se centran también en el proceso privatizador de Inalsa y "en la presunta ilegalidad del traspaso de la deuda de Inalsa al Consorcio del Agua para facilitar esa privatización y la concesión del ciclo integral del agua a la empresa Canal de Isabel II". Las deudas de Inalsa se pagaron con el dinero del concurso con el que se privatizó la gestión del agua, algo que la interventora del Consorcio advirtió en su día que era "nulo de pleno derecho" y que también denunció AC.
Entre otras cosas, la Fiscalía también pedía en su denuncia que se verificara "si el destino final de las cantidades invertidas por Inalsa en reparaciones tuvieron de forma efectiva ese destino, mediante el control de las facturas, órdenes de trabajo y personal que las ejecutó"; "que se compruebe si existen partidas o gastos no justificados realizados por Inalsa" desde el año 2006 en aldelante, así como requerir al Consorcio los actos administrativos que motivaron las bajadas y subidas de precio del agua en 2003-2004 y 2007, respectivamente.
