El auto emitido por el juez desmonta las acusaciones que pesaban contra María Isabel Déniz y Felipe Fernández Camero una vez que se iniciaron las diligencias previas del proceso penal que ahora continúa para los otros tres imputados, después de que el Seprona, a instancias de Eduardo Murillo Toro, denunciara en 1999 irregularidades en las construcciones de la urbanización La Bufona.Sobre la anterior alcaldesa y el ex secretario del Ayuntamiento pesaba la supuesta responsabilidad de haber permitido que 14 viviendas que en principio iban a ser unifamiliares adosadas se convirtieran en amplios chalés, usurpando así, parte de terrenos catalogados como Rústicos de Protección y de Valor Natural Ecológico, que además eran propiedad del denunciante del caso.
Según especifica el auto, a María Isabel Déniz se le imputaba haber levantado el precinto acordado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) después de detectar irregularidades urbanísticas en las obras del Plan Parcial La Bufona, así como no haber atendido el requerimiento de la Agencia para que en el plazo de 15 días hiciera efectivo el procedimiento sancionador. Pero el juez explica que la notificación de la orden de precinto se verificó más de un mes antes de que María Isabel Déniz tomara posesión como alcaldesa el 11 de septiembre de 2000 y que además en la notificación se dejaba claro que si el Ayuntamiento no ejecutaba el precinto, lo haría la APMUN. Pero la Agencia nunca lo hizo y por tanto, el precintó no llegó a ejecutarse.
Además se le imputaba haber otorgado licencias de obra ilegales y haber realizado segregaciones de terreno ilegales. Pero el juez explica que esas licencias de obra han sido verificadas a través de sus expedientes y que "incluso", cita el juez, "las Licencias de Primera Ocupación sobre muchas de estas viviendas se concedieron con anterioridad a la toma de posesión como alcaldesa de María Isabel Déniz". Y respecto a las segregaciones el juez señala que en todos los casos existió informe favorable del técnico municipal "dado que el Plan no fijó impedimento alguno para dar la concesión de licencia de segregación?".
En cuanto al entonces secretario municipal, Felipe Fernández Camero, al que se le imputaba haber firmado licencias ilegales, el juez estima que tal imputación "carece de fundamento a la vista de que excede del ámbito competencial del mismo". Tanto a la ex alcaldesa como a Fernández Camero se les tomó declaración como imputados dentro de las diligencias previas del caso el pasado 24 de octubre.
Entramado empresarial e imputados
El procedimiento penal continúa para los otros tres imputados en el caso: Federico Echevarría Sainz, Antonio Caro Andrades y Francisco Carmona Garcés, de cuyos movimientos en el caso de La Bufona, hace un seguimiento el informe judicial. Y es que la persona que elaboró la Modificación Puntual del Plan Parcial La Bufona, sobre la que se detectaron graves irregularidades urbanísticas, fue el arquitecto Federico Echevarría Sainz, previa solicitud de Antonio Caro Andrade en representación de la promotora de la urbanización Brisa Inversiones, S.L.
Esta sociedad, que había sido registrada dos años antes, en 1994, tenía entre sus socios a una entidad cuyo administrador era el propio arquitecto Federico Echevarría Sainz y ejercía como apoderado el citado Antonio Caro Andrade junto al tercer imputado, Francisco Carmona Garcés.
Un par de meses después de que naciera Brisa Inversiones S.L. con un capital social de 1.000.000 de las antiguas pesetas, la empresa adquirióvarias fincas por un valor más de cien veces superior al mismo a la entidad Bufona S.A., ligada a un nombre ya conocido: Francisco Carmona Garcés, que aparecía como administrador único de la empresa vendedora y a su vez, era apoderado de la empresa compradora.
La ejecución de las obras de la urbanización fue encargada a la constructora Costegui, S.A., cuyo propietario del 40% del capital social de la empresa y posterior administrador único era Antonio Caro Andrade, apoderado a su vez de la promotora Brisa Inversiones, S.L.
En definitiva, y tal como señala el juez en el auto, "nos encontramos ante un entramado de sociedades constituidas en fechas cercanas a la presentación del Proyecto de Modificación del Plan Parcial, en las que como partícipes y administradores aparecen las mismas personas y que realizan contrataciones entre sí en condiciones que pueden considerarse excesivas para su desenvolvimiento en el tráfico y capacidad económica".
El juez estima que las tres personas imputadas conocían la irregular situación urbanística existente y la posible invasión de suelo rústico. Según especifica el auto, la Modificación Puntual del Plan Parcial elaborada por Echevarría Sainz, fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de Arrecife en abril de 1998. En el año 2000 la COTMAC acordó la suspensión del acuerdo por el que se aprobó la Modificación Puntual al detectar irregularidades que incurrían en la transformación misma del Plan General de la ciudad y poco después la Agencia de Protección ordenó la suspensión de las obras en La Bufona.
Finalmente un informe de la Agencia de Protección del Medio Ambiente concluía en 2005 que en varias parcelas se invadía Suelo Rústico de Protección y de Valor Natural Ecológico en unos 3.500 metros cuadrados.
