El Ayuntamiento de Teguise ya cuenta con el informe del expediente que se abrió contra el mercadillo instalado por Pedro Martín en La Villa. La instructora del procedimiento ha propuesto para Martín una sanción "en su grado máximo" de 30.000 euros por una infracción "muy grave" con "la agravante de intencionalidad", al "desobedecer el apercibimiento" que realizó el Ayuntamiento de que se abstuviera de realizar la actividad.
Además, cree que se debe proceder a la suspensión del mercadillo "de forma inmediata", concediéndole a Martín un plazo de siete días para que desaloje el recinto. Para la adopción de esta medida es competente el alcalde, Oswaldo Betancort, que deberá emitir el correspondiente decreto. El Pleno ratificará en su caso la medida cuando se proceda a resolver este procedimiento, imponiendo además la correspondiente sanción.
La actividad de este mercadillo se inició el 28 de julio y desde entonces viene siendo denunciada por la Plataforma de Vendedores Ambulantes y por los comerciantes de La Villa, que advertían de que es "ilegal". En un primer momento, Martín manifestó tener "todas las autorizaciones pertinentes para el desarrollo de la actividad, pero no exhibió la licencia de actividad y puesta en funcionamiento", según señala ahora este informe.
La policía realizó varias inspecciones. Tras una de ellas, emitió un informe en agosto en el que aseguraba que, en cuanto a la celebración de ferias con la temática de "feria gastronómica y exposición de productos textiles y artesanos" que supuestamente se desarrollaban en este recinto, "no se había visto nada que hiciera mención a dichas ferias". "Parece una burda manera de enmascarar la celebración de un mercadillo particular dentro de un mercadillo municipal", aseguraba este informe.
Informes policiales
Con posterioridad, el 8 de septiembre de 2013, en otro informe policial se asegura que se encuentra abierto este "recinto ferial", en cuyo interior se encuentran instalados unos 60-70 puestos de artículos variados. En esos momentos, se desconocía si los puestos de venta de comida y bebida cumplían con las normas higiénico sanitarias y no se observaba personal de seguridad privada ni sanitaria pese "a la gran afluencia de visitantes". El 2 de octubre de 2013, se emitió otro informe de seguimiento de la actividad en la que se informaba de que había unos 50 puestos y que la afluencia de público "era abundante".
Posteriormente, el Ayuntamiento ordenó el cierre de la actividad, por no contar con licencia de actividad clasificada concedida y por no ajustarse al uso de equipamiento sociocultural que contempla el planeamiento vigente. En este primer informe, el técnico manifestó que se estaría ante "un espectáculo público con aforo superior a 300 personas, por lo que estaría sometido al régimen de autorización previa y se estaría hablando de una actividad comercial, que es un uso prohibido por el planeamiento vigente". Pese a ello, "lo cierto es que posteriormente prosiguió con la actividad hasta el día de hoy".
A Pedro Martín se le solicitó la relación completa de los contratos, pero alegó que el alcalde no era "competente" para practicarle el requerimiento. "No se entiende la negativa del denunciado a aportar los datos de otros posibles interesados", afirma el informe, que observa "la existencia de puestos que nada tienen que ver con la actividad de artesanía" que presuntamente iba a tener lugar en este recinto.
Con fecha de 14 de marzo de 2014 se emitió otro informe técnico, en el que se establecía la "ineludible necesidad de contar con un proyecto técnico que especifique el aforo y los usos concretos a desarrollar y que se adecúe al contenido del proyecto de obras".
Contratos por los puestos
El último informe policial, de 1 de abril de 2014, no deja lugar a dudas. En él, se informa por la policía que se "observan 59 puestos". "Se saca la conclusión de que la mayoría tienen un contrato verbal con el responsable del recinto de tal suerte que, cada domingo, pagan 20 euros por montar el puesto, lo que no les garantiza que el siguiente domingo puedan volver a montar. Si quisieran esta posibilidad han de abonar 100 euros mensuales". Por ello, la policía no pudo determinar quiénes o cuántos son los posibles interesados en el expediente.
"La actividad que se desarrolla en el recinto es puramente comercial sin necesidad de efectuar ningún juicio de valor, por lo que el uso sociocultural previsto en el planeamiento se incumple", se insiste en el informe, donde se considera ésta una "infracción continuada del denunciado", ya que se entiende realizada desde "el primero hasta el último acto".
"En el momento en que se inicia la actividad el denunciado carecía de título habilitante y ese hecho no ha sido desvirtuado", señala el informe.
